Díaz Panchana, Karen VanessaAvila Stagg, Luis Carlos2025-11-182025-11-182025-11-18UPSE-MDC-2025-0039https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/15533La sentencia No. 832-20-JP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador estableció nuevas obligaciones reforzadas para notarios al atender grupos de atención prioritaria, particularmente adultos mayores, adicionándose a las contempladas en los artículos 27 y 28 de la Ley Notarial. Este estudio examina si la Corte sometió arbitrariamente cuestiones de legalidad a debate constitucional y sistematiza los fundamentos teóricos del derecho a la atención prioritaria en estos casos. Se empleó metodología cualitativa, no experimental con diseño documental, utilizando métodos analítico-sintético, deductivo y exegético mediante técnicas de fichaje normativo, bibliográfico y jurisprudencial. La investigación revela que las obligaciones reforzadas se fundamentan en reconocer a los adultos mayores como grupos vulnerables que requieren atención especializada. Estas obligaciones incluyen: mayor atención a situaciones particulares de personas adultas mayores durante la celebración de escrituras públicas y proporcionar información adecuada y veraz sobre efectos y consecuencias del acto jurídico. El estudio concluye que estas obligaciones derivan del derecho constitucional a la atención prioritaria y acceso a servicios públicos de calidad, exigiendo que los notarios adapten sus prácticas para garantizar protección especial a grupos vulnerables y prevenir vulneraciones a sus derechos constitucionales.spaopenAccessAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United Stateshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/OBLIGACIONES NOTARIALESATENCIÓN PRIORITARIAADULTOS MAYORESmasterThesis