Vulneración al principio de igualdad y no discriminación en la sentencia 3-19-JP/20.

Abstract

De conformidad con la Constitución y el ordenamiento jurídico, la figura de despido ineficaz se aplica a las mujeres embarazadas y lactantes, así como a los activistas sindicales, sin perjuicio de aquello, en la praxis se presenta como una ficción jurídica, dado que existen despidos de formas abruptas, tanto el sector público y privado, a las mujeres con esta vulnerabilidad. Las mujeres embarazadas trabajadoras que, mantienen una relación laboral con la administración pública, o no, y en general todas las mujeres dentro de territorio ecuatoriano, son sujetos a los efectos vinculantes y erga omnes de los pronunciamientos y sentencias de la Corte Constitucional, para resarcir los perjuicios ocasionados con la culminación del vínculo laboral, por la estabilidad laboral reforzada de la cual gozan. La Sentencia 3-19-JP/20 de la Corte Constitucional del Ecuador, prohíbe con efecto erga omnes, el despido a las mujeres embarazadas o que se encuentren en estado de gestación, aun cuando no gocen de estabilidad laboral, pero nada dice la referida sentencia de las mujeres del sector privado que se encuentran en igualdad de condiciones. Entonces surge la interrogante de muchas ¿Cuál es el escenario para las trabajadoras del sector privado mientras cursan su proceso de gestación y/o período de lactancia para gozar de esta estabilidad laboral reforzada? Casos como estos llevan a pensar a priori, que existen lagunas en la ley, empero del espíritu tutelar de la norma y el derecho al trabajo; denota la vulneración al principio de igualdad y no discriminación en las decisiones de los magistrados que administran la justicia constitucional, en ese sentido dentro de esta tesis se abordaran, por medio del método científico y exegético, los preceptos tácticos y jurídicos, en aras de describir la problemática planteada y presentar un propuesta al objeto de estudio, respecto de si en la sentencia 3-19-JP/20, existe una vulneración al principio de igualdad y no discriminación por parte de los Magistrados al no incluir en ella, a las mujeres del sector privado que se no gozan de estabilidad laboral.