Sentencia de la Corte IDH en el caso Hernández vs argentina: control de convencionalidad sobre la prisión preventiva en el Ecuador.

Abstract

Las medidas cautelares de carácter personal en el Derecho Procesal Penal son de carácter mutable, lo que implica que pueden cambiar en función de los elementos probatorios disponibles en el proceso, dentro de estas medidas, la prisión preventiva, de naturaleza excepcional, es la más rigurosa que se puede aplicar a un procesado, al ser connatural a esta medida la coacción y la privación de la libertad, su imposición debe estar sujeta al cumplimiento irrestricto de una serie de requisitos concomitantes que permitan justificar la aplicación y necesidad de dicha institución jurídica, toda vez que se aplica en el marco de la vigencia del principio iusfundamental de presunción de inocencia del imputado; Ecuador, al ser parte integrante de la Convención Americana de Derechos Humanos está en la obligación de mantener sus normas internas de conformidad con la misma y con la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en igual sentido los jueces deben ejercer un control difuso de convencionalidad en el conocimiento de sus causas, sobre todo aquellas que versen sobre la privación de la libertad. El objetivo de esta investigación es evaluar como el Ecuador acoge los estándares jurisprudenciales de la Corte IDH desarrollados en una de sus sentencias denominada caso Hernández vs Argentina, mediante la revisión del marco normativo ecuatoriano. Para el cumplimiento del objetivo planteado la metodología aplicada fue la del método cualitativo, que permitió comprender de manera profunda los sujetos de estudio y su contexto, aunado al método exploratorio a efectos de levantar información sustancial mediante entrevistas a los profesionales del Derecho especialistas en materia Penal. Se pudo colegir que el Estado ecuatoriano no regula la prisión preventiva en homogeneidad con el desarrollo jurisprudencial de la Corte IDH y eventualmente podría ser sujeto de sanción por la vigencia de normas que maximizan injustificadamente el poder punitivo del Estado