Principio de seguridad jurídica y confianza legítima en la presentación del recurso de revisión.

Abstract

El principio de seguridad jurídica y la confianza legítima son esenciales en la presentación del Recurso de Revisión en Ecuador, asegurando que las decisiones administrativas se tomen conforme a la Constitución y las leyes vigentes. Proporcionando a los ciudadanos certeza y previsibilidad sobre las normas que rigen sus acciones y las decisiones de las autoridades. La Constitución de Ecuador y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establecen que la Contraloría General es responsable del control de los recursos públicos y la determinación de responsabilidades administrativas. El Recurso de Revisión permite a los administrados impugnar decisiones y solicitar la revisión de resoluciones, garantizando la transparencia y la correcta gestión pública. Sin embargo, el artículo 60 de la LOCGE no especifica si incluye las responsabilidades administrativas, lo que genera ambigüedad. Pese a ello, el Reglamento de Determinación de Responsabilidades de 2018 permite este recurso contra resoluciones administrativas, basado en los principios de juridicidad y competencia. El principio de reserva de ley exige que ciertos asuntos sean regulados exclusivamente mediante ley formal, no por reglamentos administrativos, garantizando el respeto al ordenamiento jurídico. El Código Orgánico Administrativo refuerza la confianza legítima y la seguridad jurídica, estipulando que las administraciones públicas deben actuar con certeza y previsibilidad, respetando las expectativas generadas en el pasado y justificando adecuadamente cualquier cambio de política o criterio. Los errores de los funcionarios no deben afectar los derechos de los ciudadanos, salvo por negligencia grave o dolo. Esta investigación utilizará métodos analítico, exegético y deductivo para examinar la aplicación del Recurso de Revisión y cómo se garantizan la seguridad jurídica y la confianza legítima en la práctica administrativa en Ecuador. Se analizarán marcos normativos, interpretaciones doctrinales y casos específicos que ilustran la implementación de estos principios en el contexto del control administrativo y la rendición de cuentas.