Derecho comparado a las normas que regulan la prisión preventiva de Ecuador, Perú y Colombia, 2023.

Abstract

Este estudio analiza la aplicación de la prisión preventiva en Ecuador y la compara con las legislaciones de Perú y Colombia para evaluar si su uso en Ecuador es desproporcionado. En Ecuador, la prisión preventiva se aplica a delitos con penas superiores a un año, mientras que en Perú y Colombia se restringe a delitos más graves con penas superiores a cinco y cuatro años, respectivamente. A través del análisis de leyes penales, doctrinas e informes sobre personas privadas de libertad, se observa que el uso excesivo de la prisión preventiva en Ecuador contribuye significativamente al hacinamiento en los centros penitenciarios, deteriorando las condiciones de vida de los reclusos. Este estudio subraya la falta de criterios claros y estrictos en la legislación ecuatoriana, lo que conduce a una aplicación indiscriminada de la prisión preventiva, afectando desproporcionadamente a ciertos grupos de la población. La capacitación continua de jueces y fiscales en los principios de proporcionalidad y excepcionalidad también es crucial para asegurar una aplicación justa de la prisión preventiva. Además, se recomienda la creación de mecanismos de supervisión y revisión periódica para controlar el uso de esta medida. Estas reformas no solo mejorarán las condiciones en los centros penitenciarios, sino que también fortalecerán el sistema de justicia penal en Ecuador, alineándolo con los principios internacionales de derechos humanos. En conclusión, la comparación con Perú y Colombia proporciona una base sólida para argumentar la necesidad de reformas en Ecuador, promoviendo una justicia más equitativa y eficiente. La implementación de estas recomendaciones contribuirá significativamente a reducir el hacinamiento carcelario, mejorando las condiciones de vida de los reclusos y asegurando una administración de justicia más justa y respetuosa de los derechos humanos este estudio, por lo tanto, aboga por una reforma integral que contemple tanto la legislación como la capacitación de los actores judiciales.