Derecho comparado de las legislaciones de Ecuador, Colombia y México en relación al tipo penal de extorsión

Abstract

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo el estudio comparado de las normativas penales de Ecuador, Colombia y México del tipo penal extorsión, en base a la proporcionalidad y rigurosidad de la pena que se aplica en cada país tipificado, identificando los factores jurídicos, sociales y económicos que intervienen en este problema que acompleja a la población de cada país. Para ellos se toman en cuenta las bases doctrinarias y jurídicas que permiten profundizar los antecedentes, evolución, modus operandi, tipos y estadísticas de denuncias mostrando la realidad, en que la extorsión cada día va creciendo. La metodología de la investigación es exploratoria y análisis jurídico comparativo, con técnicas de recolección de información documental y bibliográfica, la información recopilada con ayuda de las técnicas de recolección deja en observancia que, los Estados que intervienen en esta investigación garantizan y protegen los bienes jurídicos lesionados que intervienen cuando una persona ejecuta la acción antijurídica. El estudio de esta comparación tiene como propósito revisar las constituciones y normativas penales en concordancia con el cumplimiento de las obligaciones vinculantes internacionales contraídas, como en la Declaración de Derechos Humanos. En este marco, los investigadores consideraron que las normas penales de los países estudiados castigan con rigurosidad el delito de extorsión, siendo razonable por los derechos que perjudican como la propiedad, libertad e integridad, además de estar relacionados con bandas criminales, organizaciones y narcotráfico, afectando no solo a la ciudadanía sino también al sector empresarial dejando como estragos secuencias psicológicas por las reiteradas amenazas e intimidaciones que sufren las víctimas. El trabajo investigativo permite concluir, en aspectos preocupantes, en cuanto al incremento de extorsión en los últimos años, que en Ecuador se ha evidencia ante la falta de preocupación que muestra el propio estado en implementar medidas de seguridad que realmente protejan a la ciudadanía.