La simulación de contrato en el derecho civil ecuatoriano: sentencia N° 265-2013.

Abstract

La simulación de contratos en el derecho civil ecuatoriano representa un gran desafío para la integridad de las relaciones contractuales, este estudio se enfoca en la sentencia N° 265-2013, proporcionando una comprensión detallada de cómo se aborda este problema en la legislación ecuatoriana. La simulación de contrato implica la creación de acuerdos ficticios que buscan engañar a terceros, ocultando la verdadera naturaleza del acto jurídico. Esta práctica puede llevar a fraudes y evasiones de responsabilidades legales, socavando la confianza en el sistema legal. La problemática radica en las lagunas normativas presentes en la legislación ecuatoriana, que permiten que actores malintencionados exploten estas deficiencias para cometer fraudes. La falta de directrices claras sobre cómo identificar y sancionar la simulación contractual genera inseguridad jurídica para las partes contratantes. Este estudio revisa la normativa y examina casos judiciales relevantes, utilizando la sentencia antes mencionada como caso de estudio, para ilustrar cómo se enfrenta esta problemática en situaciones reales. La metodología aplicada incluye una revisión exhaustiva de la legislación vigente, el análisis de sentencias relevantes y la identificación de vacíos normativos que facilitan la simulación de contratos. Además, se examina la doctrina y la jurisprudencia para fundamentar teóricamente el estudio. La fundamentación teórica se basa en conceptos clave del derecho contractual, como la nulidad, la rescisión y los vicios del consentimiento, incluyendo el error y el dolo. La hipótesis principal sostiene que la clarificación y el fortalecimiento del marco jurídico ecuatoriano respecto a la simulación de contratos contribuirán significativamente a la equidad y transparencia en las relaciones contractuales. Identificar y anular contratos simulados es esencial para restablecer la justicia y la confianza en el sistema jurídico. Este estudio pretende proporcionar soluciones y mejores prácticas que puedan adaptarse, promoviendo un entorno legal más seguro y confiable para las partes involucradas en relaciones contractuales.