Derecho comparado de las garantías jurisdiccionales: acción de protección del Ecuador con los países de España y Colombia, 2022.

Abstract

La Acción de Protección surge como una de las garantías jurisdiccionales que se activa ante la administración de justicia constitucional, para garantizar la correcta aplicación de los derechos en el Ecuador, así como en España en comparación con Colombia, que tiene una finalidad general del amparo con los derechos innominados y el resarcimiento de los derechos constitucionales establecidos en cada legislación. Esta investigación es de tipo exploratorio dirige su estudio comparativo hacia esta garantía jurisdiccional con diferentes denominaciones, encaminado hacia un estudio teórico, que mediante un enfoque cualitativo hace un análisis a la regulación, antecedentes, procedimiento, características, marco normativo, así como indaga en qué país por su regulación se ve más afectado el sistema. También se analiza sus principales cuestiones como la eficacia de la aplicación de la Acción de Protección en Ecuador, Recurso de Amparo en España y la Acción de Tutela en Colombia, mismas garantías que en los países que se mencionan han surgido como mecanismo de protección frente al abuso de poder y de las violaciones a los derechos de las personas. Se recurrió a diferentes fuentes bibliográficas, las legislaciones como las Constituciones, preceptos legales y otras leyes secundarias de los tres países que tratan acerca de la garantía como el recurso de protección, de lo cual se puede manifestar que la justicia constitucional se desarrolla a través de la Corte Constitucional, encargada de tutelar los derechos, garantizando su cumplimiento conforme avanza la sociedad, así mismo se detallará en su contenido las similitudes y diferencias existentes en cada uno de los países que se escogieron. La acción de protección es una de las principales garantías, que establece la Constitución, donde el Estado es el responsable de garantizar su cumplimiento y la aplicación de un correcto procedimiento, para que ésta sea viable y los derechos puedan ser amparados fácticamente.