La notificación en la revocatoria del mandato en el Sistema Notarial Ecuatoriano, 2025

Abstract

El presente trabajo de investigación se enfoca en analizar el mandato judicial en el derecho procesal ecuatoriano, figura jurídica que garantiza la representación legal de las partes dentro de un proceso y materializa el derecho a la defensa técnica y al debido proceso. Este instrumento procesal otorga a los abogados la facultad de actuar en nombre de sus mandantes, asegurando la continuidad de las actuaciones judiciales incluso ante la ausencia física de las partes. El objetivo general de la investigación fue analizar la aplicación del mandato judicial en el Ecuador, determinando su incidencia en la eficacia de los procesos judiciales y su importancia en la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos. La metodología utilizada fue de carácter mixto, combinando enfoques cualitativo y cuantitativo para obtener una visión integral del fenómeno jurídico. Se aplicaron los métodos inductivo, deductivo y analítico, junto con la técnica de la entrevista dirigida a abogados litigantes y jueces de la provincia de Santa Elena, y la encuesta aplicada a profesionales del derecho. Esta triangulación permitió identificar tanto los fundamentos doctrinarios como las dificultades prácticas en la emisión, formalización y ejercicio del mandato judicial. Los resultados obtenidos evidenciaron que, aunque el mandato judicial se encuentra regulado en la normativa ecuatoriana, existen vacíos de interpretación y aplicación que afectan la celeridad procesal y la seguridad jurídica. Se determinó que muchos profesionales desconocen los límites de las facultades conferidas, lo cual genera errores procesales y posibles nulidades. Asimismo, se concluyó que una adecuada capacitación jurídica y una interpretación uniforme de la norma fortalecerían la práctica forense. Finalmente, el estudio resalta que el mandato judicial constituye un pilar esencial del sistema procesal ecuatoriano, al garantizar la defensa técnica, la representación efectiva y el cumplimiento de los principios constitucionales de justicia y equidad.