Tesis de Derecho

Permanent URI for this collectionhttps://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1858

Browse

Now showing 1 - 20 of 542

Preguntas aclaratorias en el proceso penal ecuatoriano acorde al artículo 615.7 del Código Orgánico Integral Penal, 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-03-06) Salinas Patiño, Luis Alberto; Icaza Pihuave, Karol Michelle; Zuleta Araque, Andrés Alejandro
La tesis analiza el alcance normativo y práctico de las preguntas aclaratorias previstas en el artículo 615.7 del COIP dentro del juicio penal acusatorio. Parte de un problema concreto: la norma habilita la aclaración, pero no define con detalle la oportunidad, los límites, los sujetos legitimados ni el papel del tribunal, lo que ha generado criterios dispares y riesgos para la inmediación, la contradicción y la igualdad de armas. Con un enfoque cualitativo mediante la aplicación de un análisis documental de fuentes constitucionales, legales, doctrinales y jurisprudenciales, complementado con entrevistas a operadores de justicia, el estudio describe el marco vigente, contrasta su aplicación en sala y detecta vacíos que inciden en la valoración probatoria, que a su vez deben ser tomados en cuenta en conjunto con los principios del debido proceso y los principios del proceso penal establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico General Integral Penal. Los resultados de la investigación sostienen que, sin lineamientos uniformes, la aclaratoria puede derivar en mini exámenes encubiertos o suplencias estratégicas del tribunal, afectando la apariencia de imparcialidad, Aunque por otra parte la atribución te puede ejercer estas preguntas está clara en el código y sin mayores limitaciones por lo que lo más lógico del momento de la aplicación por parte del juzgador es observar los principio del debido proceso y los principios del proceso penal establecidos en el Código Orgánico Integral Penal en específico los principios de contradicción e imparcialidad. Como respuesta, se proponen criterios técnicos de uso: pertinencia estricta y necesidad real vinculadas a lo ya declarado, intervención judicial subsidiaria y neutra, registro textual de la pregunta y repregunta circunscrita para la contraparte. Con estas pautas, la aclaratoria recupera su función de precisión y contribuye a decisiones más predecibles, transparentes y controlables mediante sana crítica.
Primacía de la realidad en el ámbito del principio de obligatoriedad de administrar justicia declarado en el Art 28 del Código Orgánico de la Función Judicial
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-02-20) Lucas Toala, Angeline Eduvid; Panchana Suarez, Nicolasa
La presente investigación examina la interrelación entre el principio de primacía de la realidad y el principio de obligatoriedad de administrar justicia, establecido en el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial, analizando la correcta aplicación de los principios que determina el mencionado código para garantizar una justicia material, equitativa y coherente con los derechos laborales. El estudio parte de la premisa de que la interpretación restrictiva de dicho artículo ha limitado la búsqueda de la verdad material, ocasionando decisiones judiciales centradas en la forma y no en los hechos, lo que vulnera la eficacia de los derechos fundamentales y debilita la confianza ciudadana en la función judicial ecuatoriana. Esta situación evidencia un vacío normativo y una falta de uniformidad en los criterios de los jueces, que obstaculizan la consolidación de un sistema judicial transparente, garantista y orientado a la realidad social. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y documental, sustentado en la revisión doctrinaria, jurisprudencial y normativa, complementada con entrevistas a expertos en derecho laboral y funcionarios judiciales, con el propósito de contrastar la teoría con la práctica jurisdiccional. La fundamentación teórica se apoyó en los principios de justicia material, equidad, dignidad humana, verdad procesal y tutela judicial efectiva, los cuales orientan la función judicial hacia un modelo ético comprometido con la verdad. Se demostró que el fortalecimiento conjunto de ambos principios no solo eleva la calidad de las decisiones judiciales, sino que también promueve la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y la legitimidad institucional del poder judicial. En consecuencia, la investigación propone la incorporación expresa del principio de primacía de la realidad dentro de la legislación ecuatoriana, como una herramienta indispensable para garantizar la coherencia normativa y asegurar una justicia más humana, transparente y en armonía con la Constitución.
Suspensión automática del foro de abogados como medida de coacción para el pago de multas de abogados del Ecuador, Art. 336 del COFJ, 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-02-20) Hermosa Zambrano, Darla Thaiz; Zambrano Loor, María Eugenia; Conopoima Moreno, Yeriny Del Carmen
Este estudio se basó en la legalidad y constitucionalidad de la medida sancionadora impuesta a los abogados que incumplen con el pago de multas administrativas en el Ecuador. La línea de investigación en la que se enfocó el documento fue la de derechos humanos y de la naturaleza. Se partió de la premisa de que dicha suspensión, aplicada de manera automática tras tres meses de mora, podría constituir una manifestación arbitraria del poder sancionador del Estado, al omitir el análisis de las circunstancias particulares del sancionado y vulnerar derechos fundamentales. El objetivo de este trabajo fue analizar la constitucionalidad de la suspensión automática del Foro de Abogados establecida en el artículo 336 del Código Orgánico de la Función Judicial, respecto a su posible vulneración del derecho al trabajo y las garantías del debido proceso constitucional. A su vez, se desarrolló el marco teórico en relación con la normativa nacional, la doctrina y la jurisprudencia. Se examinaron los principios de proporcionalidad, razonabilidad, legalidad y debido proceso, contrastándolos con la aplicación rígida de la sanción establecida en el artículo 336 del COFJ. Asimismo, se analizó el impacto que esta medida genera en el ejercicio profesional de los abogados, en la seguridad jurídica y en la confianza ciudadana hacia el sistema judicial. En cuanto a la metodología, se utilizó la investigación cualitativa, sustentado en la revisión de fuentes doctrinarias, análisis normativo y entrevistas a profesionales del Derecho. Este enfoque permitió identificar vacíos legales y contradicciones entre la norma y los principios constitucionales. En cuanto a los análisis de los resultados, se evidenció que la suspensión automática no cumple plenamente con las exigencias del debido proceso ni con el principio de mínima intervención del derecho sancionador. Se plantearon propuestas orientadas a reformar el artículo 336 del COFJ, sustituyendo la aplicación automática por un procedimiento garantista y proporcional que contemple medidas alternativas de cumplimiento.
Opiniones consultivas de la corte interamericana de derechos humanos y su fuerza vinculante en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Año 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-02-20) Pozo Salazar, Nathaly Sheyla; Yagual De La Rosa, Carlos Roosevelt; Acosta Pacheco, Marco
Las opiniones consultivas de la CIDH, poseen una importancia notoria a través de la historia contemporánea de los países de la región, y en específico de Ecuador, donde existen precedentes en torno a los derechos fundamentales. Dentro de lo requerido en el estudio, se contempló la recepción práctica de las opiniones consultivas por parte de la Corte Constitucional, los tribunales ordinarios y las autoridades administrativas, contrastando decisiones emblemáticas que evidencian niveles diversos de adhesión, interpretación y ocasional marginación. En este sentido, el objetivo de la presente investigación fue analizar la naturaleza jurídica de las opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estudiando su valor interpretativo y persuasivo con respecto a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la evolución histórica de los derechos fundamentales, jurisprudencia, y los preceptos jurídicos nacionales e internacionales necesarios para la determinación del nivel de fuerza vinculante dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. entre fuentes normativas. Ante ello, en el marco teórico se ponderó si dichas opiniones producen efectos obligatorios, persuasivos o interpretativos, considerando la doctrina especializada, la praxis judicial y la necesaria coherencia. En cuanto a la metodología, la usada en la investigación fue la cualitativa, amparada también en el análisis doctrinal, revisión sistemática de jurisprudencia interamericana y ecuatoriana, y análisis crítico de casos representativos, y la revisión documental junto con las entrevistas permitieron esclarecer conceptos e ideas. Finalmente, la tesis concluyó con recomendaciones operativas para jueces, legisladores y autoridades administrativas, proponiendo pautas interpretativas y reformas institucionales que contribuyan a consolidar una tutela más eficaz de los derechos humanos en Ecuador, de igual manera, se planteó que una recepción de las opiniones consultivas exige armonizar normas internas, robustecer canales de diálogo interinstitucional y promover capacitación especializada, a fin de garantizar la tutela efectiva plena de derechos fundamentales.
Estudio comparado de la acción pauliana en la legislación de Ecuador, España y Chile, 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-02-20) Cochea González, Carlos Gregorio; Contreras Febres Cordero, Héctor
El presente trabajo investigativo orientado al estudio comparado de la acción pauliana considerando las legislaciones de España y Chile, cimienta su problemática respecto al tercero adquiriente cuando actúa con buena fe en la celebración de actos y contratos onerosos y recibe los bienes del otorgante sin conocer el fraude que éste perpetua a su acreedor, en este sentido, no puede declarase la revocatoria de estos contratos por la falta de mala fe de este tercero, considerando que dicha acción permite rescindirlos cuando existe perjuicio a los acreedores. El código civil de España proporciona un capítulo completo destinado a regular esta acción, a diferencia de Ecuador y Chile donde un solo artículo norma la acción pauliana y generaliza por completo la naturaleza jurídica de la misma, es por ello que se realizó un análisis exhaustivo en la legislación de España para situar si en su normativa civil, existe mayor garantía a los acreedores en el contexto de los actos rescindibles de terceros de buena fe. Por la poca práctica de esta acción en el ámbito nacional, se motivó la realización de este estudio comparado esgrimiendo un enfoque cualitativo y un diseño exploratorio de acuerdo a métodos como el analítico, exegético y comparativo. La técnica utilizada para esta labor investigativa consistió en la comparación jurídica de las tres legislaciones, Ecuador, España y Chile, por medio de matrices como instrumentos, categorizados por varios criterios determinando su respectiva caracterización se obtuvo a raíz de su análisis, el informe final referente al cumplimiento o no de la hipótesis planteada en esta investigación. A partir de estos resultados, se evidenció que no se cumple la idea propuesta, la legislación española no rescinde los contratos celebrados por terceros de buena fe, aun así, preexiste una indemnización al acreedor, responsabilizando directamente al deudor por el fraude propiciado en su crédito.
Nuevas formas societarias en la legislación ecuatoriana sociedad por acciones simplificadas provincia de Santa Elena, 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-02-20) Rosales Cox, Angel Mauricio; Gallegos Noriega, Karina Mercedes
El presente análisis examina la incidencia de la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) como nueva forma societaria en el desarrollo empresarial de la Provincia de Santa Elena para el 2025. Introducida por la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, la SAS se establece como un instrumento jurídico disruptivo, caracterizado por su constitución 100% digital, flexibilidad legal y responsabilidad limitada, que contrasta con los procedimientos más rígidos de las sociedades tradicionales. La data demográfica revela una adopción significativa por parte de emprendedores jóvenes (77% entre 18 y 50 años), evidenciando que su agilidad operativa y bajo costo resuelven necesidades específicas de este segmento. Para los nativos digitales, facilita el acceso al emprendimiento formal; para profesionales con experiencia, ofrece un vehículo para independizarse con riesgo controlado; y para inversionistas mayores, permite participar con cargas administrativas mínimas. No obstante, su implementación enfrenta limitaciones jurídicas, como topes máximos de capital y la prohibición de operar en sectores financieros y de recursos naturales, lo que delimita su potencial de escalabilidad. En conclusión, la SAS se consolida como un catalizador clave para la formalización y dinamización de la economía local, al adaptarse eficazmente al perfil y capacidades del emprendedor santaelenense, promoviendo un ecosistema empresarial más inclusivo y ágil.
Razonamiento probatorio en el informe pericial psicológico en los delitos de violencia sexual
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-02-20) Bernabé Tacuri, Alexis Jeamphier; Estrella Rodríguez, Odalis Arianna; Wasbrum Tinoco, Wilfrido
La presente investigación analiza la incidencia de los sesgos cognitivos en los informes periciales psicológicos dentro de los procesos judiciales por delitos de violencia sexual, y cómo estas distorsiones mentales influyen en el razonamiento probatorio y en la imparcialidad de las decisiones judiciales. Se parte del reconocimiento de que el informe pericial psicológico constituye un elemento técnico y científico esencial para la administración de justicia, pero su efectividad depende del cumplimiento de estándares éticos y metodológicos que garanticen la objetividad y confiabilidad de sus conclusiones. La problemática surge cuando las deficiencias en la aplicación de estos parámetros introducen apreciaciones subjetivas que alteran la valoración judicial de la prueba y afectan la motivación racional de las sentencias. El estudio se enmarca en la línea de investigación “Derechos Humanos y de la Naturaleza” y tiene como objetivo general examinar el impacto de los sesgos cognitivos en la valoración judicial de la prueba pericial psicológica en casos de violencia sexual. Desde la perspectiva jurídica, la investigación se sustenta en los principios de objetividad, imparcialidad, debido proceso y tutela judicial efectiva, mientras que desde el campo psicológico se fundamenta en las teorías de los sesgos cognitivos y su influencia en la toma de decisiones humanas. La metodología aplicada responde a un enfoque cualitativo, con un tipo de investigación documental, analítica y comparativa. Se analizaron dos informes periciales y una sentencia judicial, identificándose sesgos como el de enfoque, coherencia, autoridad, confirmación y rigidez metodológica. Los resultados demuestran que la falta de rigor técnico genera vulnerabilidad probatoria, compromete la imparcialidad judicial y afecta la credibilidad institucional. En conclusión, el informe pericial psicológico debe consolidarse como un medio de prueba científico, objetivo y libre de sesgos, que garantice decisiones judiciales justas y fundamentadas.
Principio de la autonomía de la voluntad de las partes en el contexto del matrimonio civil por muerte inminente, 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-02-20) Catuto Triviño, Alicia Nayely; Espinoza Rodriguez, Adriana Gianella; Contreras Febres Cordero, Héctor
La presente investigación examina el principio de la autonomía de la voluntad en el matrimonio civil por muerte inminente, una figura jurídica que reviste especial importancia para las ciencias del Derecho por involucrar la libertad de decisión en un contexto límite de la vida humana. El estudio busca determinar cómo se garantiza la validez del consentimiento cuando uno de los contrayentes se encuentra en estado crítico de salud, situación que pone a prueba la eficacia del ordenamiento jurídico ecuatoriano y la capacidad de los operadores de justicia para asegurar la autenticidad de la voluntad expresada. La problemática radica en la ausencia de una regulación específica que establezca protocolos claros para verificar el consentimiento, valorar la capacidad mental y certificar la legalidad del acto matrimonial en casos de muerte inminente, generando criterios dispares y vacíos normativos que afectan la seguridad jurídica. La investigación se enmarca en la línea “Derecho de las Personas y de Familia”, con el objetivo de analizar la aplicación del principio de autonomía de la voluntad y su relación con la tutela efectiva del consentimiento. La fundamentación teórica se apoya en la doctrina civilista, los principios constitucionales de libertad y dignidad humana, el Código Civil, la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles y el Derecho Canónico, que en conjunto sustentan la hipótesis de que el respeto a la autonomía de la voluntad requiere procedimientos técnicos que garanticen la validez del acto. Metodológicamente, el estudio adopta un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y documental, complementado con la interpretación de criterios jurídicos obtenidos mediante entrevistas a expertos.
La prostitución forzada en el Ecuador, estudio victimológico año 2022
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-02-20) González Beltrán, Jamileth Lissette; Díaz Panchana, Karen Vanessa
La prostitución forzada es un delito grave que deja consecuencias diversas en la víctima, desde el tipo biológico como potenciales enfermedades de transmisión sexual, cáncer, deformaciones, así como consecuencias psicosociales; el problema con la prostitución forzada tiene que ver con la causa y la revictimización, puesto que originalmente suele darse producto de aspectos como pobreza extrema, nulo o bajo nivel educativo, falta de oportunidades laborales, sobre todo en países subdesarrollados como Ecuador. En la Constitución de la República del Ecuador se argumenta que toda persona tiene derecho a decidir sobre su libertad y cómo utilizar su tiempo, conseguir dinero, trabajo, hábitos, etc.; enmarcados y limitados a los derechos de las demás personas, los cuales bajo ninguna circunstancia deben ser vulnerados, porque en ese caso habría consecuencias legales y genera un impacto negativo en las víctimas. El objetivo de la presente investigación fue determinar el impacto jurídico – social de víctimas de la prostitución forzada, mediante la búsqueda teórica y de derechos humanos, para generar un aporte científico que sirva de antecedente a los abogados que ejercen derecho penal en este tipo de casos. La metodología que se utilizó fue cualicuantitativa, exploratoria, descriptiva, método analítico, ductivo, inductivo, donde se utilizaron fuentes primarias que aportaron los datos para la investigación, la población la conformaron expertos en materia penal, en ciencias de la salud y estudiantes de derecho. Los resultados permitieron identificar desde la perspectiva de los estudiantes y compartiendo similitud con los especialistas, que sí hay conocimientos considerables sobre prostitución forzada en la población de estudio (83%), 10% tienen familiar directo que es víctima de prostitución forzada, 41% consideraron que las mujeres de escasos recursos son las principales víctimas, la pobreza 49% es el mayor factor que ocasiona la prostitución forzada y el tipo de ayuda que consideraron prioritario era el psicológico 58%.
La notificación en la revocatoria del mandato en el Sistema Notarial Ecuatoriano, 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-02-20) Bohórquez Solís, Yariczon Antonny; Clemente Vera, Nataly Carolina; Gallegos Robalino, Isabel Patricia
El presente trabajo de investigación se enfoca en analizar el mandato judicial en el derecho procesal ecuatoriano, figura jurídica que garantiza la representación legal de las partes dentro de un proceso y materializa el derecho a la defensa técnica y al debido proceso. Este instrumento procesal otorga a los abogados la facultad de actuar en nombre de sus mandantes, asegurando la continuidad de las actuaciones judiciales incluso ante la ausencia física de las partes. El objetivo general de la investigación fue analizar la aplicación del mandato judicial en el Ecuador, determinando su incidencia en la eficacia de los procesos judiciales y su importancia en la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos. La metodología utilizada fue de carácter mixto, combinando enfoques cualitativo y cuantitativo para obtener una visión integral del fenómeno jurídico. Se aplicaron los métodos inductivo, deductivo y analítico, junto con la técnica de la entrevista dirigida a abogados litigantes y jueces de la provincia de Santa Elena, y la encuesta aplicada a profesionales del derecho. Esta triangulación permitió identificar tanto los fundamentos doctrinarios como las dificultades prácticas en la emisión, formalización y ejercicio del mandato judicial. Los resultados obtenidos evidenciaron que, aunque el mandato judicial se encuentra regulado en la normativa ecuatoriana, existen vacíos de interpretación y aplicación que afectan la celeridad procesal y la seguridad jurídica. Se determinó que muchos profesionales desconocen los límites de las facultades conferidas, lo cual genera errores procesales y posibles nulidades. Asimismo, se concluyó que una adecuada capacitación jurídica y una interpretación uniforme de la norma fortalecerían la práctica forense. Finalmente, el estudio resalta que el mandato judicial constituye un pilar esencial del sistema procesal ecuatoriano, al garantizar la defensa técnica, la representación efectiva y el cumplimiento de los principios constitucionales de justicia y equidad.
El error judicial y la responsabilidad del estado: estudio comparado de las legislaciones de Ecuador, Colombia y España, 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-02-19) Ávila Arboleda, Viviana Elena; Suárez Ángel, Jodye Alexa; Herdoiza Moran, Gisela Yanine
El presente estudio aborda el error judicial y su implicación directa en la responsabilidad patrimonial del Estado, mediante un análisis comparado de las legislaciones de Ecuador, Colombia y España. La investigación se fundamenta en la crítica de que, si bien la Constitución ecuatoriana reconoce la responsabilidad estatal por errores en el sistema judicial, la carencia de un desarrollo normativo y jurisprudencial específico limita severamente la efectividad de la reparación integral de las víctimas y del derecho de repetición. A través de una metodología cualitativa que empleó los métodos analítico, comparado y exegético, el estudio examinó la tipificación del error, los requisitos de imputación y los mecanismos de reparación de las tres naciones. Se buscó establecer correspondencias y diferencias para demostrar la insuficiencia legislativa ecuatoriana. Los hallazgos confirmaron que Ecuador se apoya principalmente en la declaratoria previa del error inexcusable para la sanción del funcionario y la consecuente acción de repetición del Estado. Esto contrasta notablemente con los modelos de Colombia y España. ,Colombia (Ley 270) se enfoca en la noción de daño antijurídico, detallando escenarios de defectuoso funcionamiento y error jurisdiccional, y definiendo las conductas que se presumen como culpa grave o dolo, lo que facilita la indemnización. Por su parte, España (Ley Orgánica del Poder Judicial) exige un requisito estricto: la reclamación debe estar precedida por una decisión judicial expresa que reconozca el error, calificándolo jurisprudencialmente como craso, patente y flagrante. La principal conclusión es la necesidad imperativa de reformar el marco legal ecuatoriano para establecer protocolos claros y criterios unificados que garanticen una tutela judicial efectiva y una reparación expedita. El estudio ofrece una herramienta de análisis crucial que, al contrastar los modelos funcionales de Colombia y España, presenta un camino claro para cerrar las brechas legales en el país y alinear a los estándares internacionales.
Estudio comparado del régimen sancionador en el sistema notarial en Ecuador, Perú y Venezuela, 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-02-19) Prudente Reyes, Nallely Katiusca; Villanueva Briones, Eulalia Gabriela; Díaz Panchana, Karen
El régimen sancionador en el sistema notarial forma parte del Derecho Administrativo Sancionador, rama del derecho público que regula la potestad del Estado para sancionar a los funcionarios por incumplir sus deberes. En el ámbito notarial, esta potestad busca garantizar la ética, legalidad y eficiencia en una función de naturaleza pública. En Ecuador, Perú y Venezuela, los notarios cumplen un papel esencial en la autenticación de actos y contratos, por lo que su correcta actuación exige normas rigurosas y sistemas disciplinarios eficaces. El análisis se sustenta en teorías de control institucional, responsabilidad administrativa y principios como legalidad, tipicidad, proporcionalidad y debido proceso. El estudio adoptó un enfoque cualitativo, descriptivo y comparado, mediante el análisis de leyes notariales, reglamentos, códigos de ética y resoluciones disciplinarias vigentes en los tres países. Además, se consultaron informes oficiales y entrevistas con expertos jurídicos. La metodología comparativa permitió identificar semejanzas y diferencias en cuanto a causales de sanción, procedimientos, órganos competentes y tipos de sanciones, considerando normas actualizadas hasta 2024 para garantizar la validez de los resultados. Los hallazgos muestran avances significativos, aunque con marcadas diferencias. En Ecuador, el Consejo de la Judicatura ejerce una supervisión estructurada, con procedimientos definidos y sanciones proporcionales. En Perú, la Ley del Notariado otorga a la Junta de Decanos funciones de control, aunque persisten dificultades en la ejecución de sanciones. En Venezuela, el sistema es más centralizado y dependiente del Ejecutivo, con limitada autonomía y debilidad institucional. Se concluye que, aunque los tres países buscan proteger la legalidad y sancionar malas prácticas, difieren en eficacia y transparencia. Ecuador presenta el modelo más operativo; Perú, avances normativos con vacíos prácticos; y Venezuela, mayores desafíos institucionales. Fortalecer la autonomía de control, actualizar normas y capacitar notarios son medidas esenciales para consolidar la confianza pública en la función notarial.
Unidad del acto notarial en el contexto del principio de colaboración en las actuaciones de los registros de la propiedad, 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-02-19) Riofrío Biscay, Jenner René; Chico Toalombo, Mishel Aide; Díaz Panchana, Karen Vanessa
El presente trabajo de investigación examina la unidad del acto notarial en el marco del principio de colaboración interinstitucional entre las notarías y los registros de la propiedad en el Ecuador, entendiendo esta unidad como un elemento esencial del sistema notarial latino, cuyo fundamento doctrinario se sustenta en la fe pública preventiva y la seguridad jurídica. Desde el enfoque doctrinario y jurídico el notario no solo autentica documentos, sino que actúa como garante de la legalidad y protector de la voluntad de las partes, por lo que la eficacia del acto notarial no debe limitarse a la firma de las partes, sino abarcar su inscripción registral para consolidar los efectos jurídicos del acto. En este contexto, la investigación identifica que la ausencia de interoperabilidad entre ambas instituciones genera fragmentación procedimental, retrasos, inseguridad jurídica y riesgos de fraude. El objetivo general de este estudio fue analizar el principio de colaboración interinstitucional desde una perspectiva doctrinaria, normativa y empírica, a fin de proponer mecanismos que fortalezcan la eficiencia y transparencia del sistema notarial-registral ecuatoriano. La metodología empleada fue de enfoque cualitativo, mediante entrevistas aplicadas a notarios, registradores de la propiedad y abogados con experiencia en actos notariales, quienes coincidieron en la necesidad de establecer plataformas digitales integradas, normativas expresas que regulen la colaboración y protocolos estandarizados de actuación conjunta. Los resultados evidenciaron que la unidad del acto notarial se ve afectada cuando el proceso de inscripción no se realiza de manera inmediata o coordinada, lo que debilita la fe pública otorgada por el notario y deja en incertidumbre jurídica al usuario. En base a estos hallazgos, se propone reformas normativas y tecnológicas que permitan elevar la unidad del acto notarial a la categoría de principio jurídico vinculante, garantizando la consolidación del derecho de propiedad y fortaleciendo la confianza ciudadana en el sistema jurídico.
Cláusulas de adhesión y el principio de libre contratación en los contratos de seguros
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-02-19) Vera Vera, Roberto Bolívar; Figueroa Quimis, Mauricio Alexander; Gallegos Robalino, Isabel
El presente trabajo de investigación aborda una problemática crítica de gran trascendencia para el mundo de las ciencias jurídicas, situándose en la intersección del derecho civil, el derecho comercial y el derecho del consumidor. La importancia del tema radica en el desequilibrio estructural que existe en la formación del consentimiento contractual moderno, poniendo en tela de juicio la autonomía de la voluntad. La investigación se vincula directamente con la línea de investigación de derecho civil y contractual, con énfasis en la protección de los sujetos vulnerables en las relaciones de consumo. La problemática central se describe como la insuficiente tipificación y el débil control ex ante que el ordenamiento jurídico ecuatoriano ejerce sobre las pólizas de seguros, contratos que son esencialmente de adhesión. Esta debilidad normativa, especialmente dentro del Código de Comercio y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, permite a las aseguradoras incorporar y mantener cláusulas que, por su ambigüedad o contenido desproporcionado, resultan ser abusivas. La fundamentación teórica se soporta en pilares conceptuales como la evolución del contrato el análisis de la lesión objetiva en el derecho civil y la buena fe contractual, confrontada con la figura moderna de la cláusula abusiva en el derecho del consumidor. Se utiliza el concepto de asimetría informativa y de poder como el lente principal para evaluar la equidad. La metodología aplicada es predominantemente cualitativa, empleando los métodos analítico, dogmático, exegético y descriptivo. Se analizan las normas y se contrasta la teoría con la jurisprudencia para verificar la operatividad de la ley. La relevancia del tema respecto a su hipótesis es total, pues la comprobación de la tesis que el débil control legal es la causa de la persistencia de cláusulas abusivas justifica la necesidad de proponer una reforma regulatoria orientada a restablecer el equilibrio contractual y garantizar un consentimiento verdaderamente libre.
Determinación de responsabilidad para el ejercicio de la acción de repetición derivada de un examen especial de la Contraloría General del Estado
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-02-19) Peralta Carrillo, Ginger Paola; Rojas Figueroa, Edson Fabricio; Ramos Ramos, Teddy Enrique
La presente investigación analiza la determinación de responsabilidad para el ejercicio de la acción de repetición derivada de exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado en Ecuador. El problema central radica en que, aunque la Contraloría determina responsabilidades civiles mediante estos exámenes, persiste una brecha crítica entre el control administrativo y el proceso judicial la ausencia de mecanismos procesales claros que permitan establecer con precisión el grado de dolo o culpa grave de los servidores públicos, sumado a la falta de identificación individualizada de los responsables, requisito esencial para la admisibilidad de la acción de repetición según la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. Esta situación genera consecuencias graves para el patrimonio público. El Estado paga millones en reparaciones por daños causados por funcionarios públicos, pero no logra recuperar estos valores porque los informes de examen especial frecuentemente emplean lenguaje genérico como "las autoridades competentes" o "los funcionarios responsables", imposibilitando identificar nominalmente al servidor individual contra quien debe dirigirse la demanda judicial. Sin esta identificación precisa, las acciones de repetición son inadmitidas. El objetivo general es identificar los requisitos jurídicos y procedimentales necesarios para el ejercicio efectivo de la acción de repetición. Mediante análisis documental-normativo y revisión jurisprudencial de la Constitución, LOCGE, LOGJCC, COA y doctrina especializada, se examina cómo se determinan responsabilidades en exámenes especiales y por qué las acciones de repetición frecuentemente no prosperan. Los resultados evidencian que existe desconexión estructural entre lo que el examen especial produce como determinación administrativa y lo que el proceso judicial exige como prueba de responsabilidad individual. Se concluye que es imperativa una reforma metodológica de los procedimientos de auditoría y una reforma normativa que establezca criterios claros para identificar responsables y determinar el grado de culpabilidad, cerrando así la brecha que impide recuperación efectiva del patrimonio público y la impunidad administrativa ecuatoriana.
El doble conforme y el principio de imparcialidad de la potestad sancionadora del régimen disciplinario de la función judicial, 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-02-19) Figueroa Villón, Leonor Alexandra; Mayorga Mendoza, Patricia Josefina; Herdoiza Moreira, Gisela Yanine
El presente estudio de investigación se dedica al análisis riguroso del derecho al doble conforme y su determinante influencia sobre la imparcialidad de la potestad sancionadora dentro del régimen disciplinario de la Función Judicial ecuatoriana. La trascendencia de este trabajo en la ciencia jurídica se justifica en la necesidad imperativa de fortalecer la transparencia, objetividad y legitimidad del control disciplinario buscando garantizar el equilibrio esencial entre la potestad sancionadora del Estado y los derechos de los servidores judiciales. El problema central radica en la inexistencia de un recurso administrativo eficaz que permita la revisión de las resoluciones de los sumarios disciplinarios del Pleno del Consejo de la Judicatura, esta ausencia vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa, el principio de independencia judicial y de imparcialidad, al concentrarse las funciones de instrucción y decisión en un mismo organismo. El objetivo general es analizar el derecho al doble conforme mediante un estudio dogmático, normativo y jurisprudencial, en la aplicación del principio de imparcialidad como un eje orientador de la Función Judicial, valorando la viabilidad de dicho principio en la práctica administrativa para la identificación de percepciones, vacíos normativos y desafíos institucionales. La investigación se inscribe en la línea de Estado y Administración Pública. La fundamentación teórica reposa sobre tres pilares conceptuales: la teoría del garantismo, la teoría pragmática y la teoría sociológica del derecho. Se empleó una metodología cualitativa de tipo exploratoria basada en el análisis documental apoyado en instrumentos como entrevistas y revisión jurisprudencial de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El estudio concluye en la existencia de un vacío normativo en el artículo 119 del Código Orgánico de la Función Judicial al limitar al servidor judicial el derecho a recurrir ante una autoridad independiente e imparcial para la revisión de las resoluciones de destitución
La teoría de la responsabilidad civil en el derecho de familia, 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-02-19) Torres Zambrano, Melanie Daniela; Vera Thompson, Fiorella Virginia; Macías Saltos, Mirna Lorena
El presente trabajo de investigación se orienta al análisis de las configuraciones determinadas en el esquema jurídico civil sobre la determinación de responsabilidades parentales extracontractuales derivada de los daños ocasionados por los hijos menores de edad hacia terceros. Esta responsabilidad, prevista principalmente en el Código Civil y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se fundamentan en el deber de guarda, educación y vigilancia que recae sobre los progenitores de los menores, teniendo la salvedad de quedar exento de culpa si probaren debida diligencia. La problemática y relevancia del estudio radica en delimitar de forma precisa el alcance jurídico de dicho deber para establecer una imputación de responsabilidad y consecuentemente la obligación de reparar el daño materializado independientemente de si actúo el padre con debida diligencia, o si no pudo prevenir el daño, siendo la relación parento filial causa directa que da origen a la responsabilidad objetiva y solidaria como protección del tercero afectado, tomando en consideración los desafíos prácticos para la aplicación de este criterio ante los órganos jurisdiccionales, especialmente en lo relativo a la reparación del daño y la incapacidad relativa del menor para adquirir obligaciones por sí mismo. El diseño investigativo se desarrolló mediante enfoque cualitativo y con carácter exploratorio aplicando los métodos exegético, analítico, inductivo y deductivo, utilizando técnicas como el análisis doctrinal, normativo y casuístico que fueron complementadas con criterios de profesionales con experticia en estas dimensiones jurídicas. Los resultados evidencian que, aunque la norma ecuatoriana establece parámetros para imponer a los padres dicha responsabilidad, se identifican causales de exclusión de la responsabilidad determinadas en la norma que podrían hacer que la afectación del tercero perjudicado no se reparada íntegramente, aún cuando el desarrollo dogmático establece que la patria potestad es considerada causa directa para una responsabilidad objetiva en virtud de la teoría del riesgo.
La seguridad integral de los ciudadanos y la transparencia activa en la publicación de información mínima de servidores públicos, 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-02-19) Pilligua Borbor, Jessica Gabriela; Granados Quiñonez, Evelyn Sofia; Herdoiza Morán, Gisela Yanine
El presente trabajo de investigación analiza la relación entre la transparencia activa en la publicación de información mínima de los servidores públicos y la seguridad integral de los ciudadanos en el Ecuador. La apertura informativa es un pilar democrático que fortalece la confianza institucional; no obstante, puede generar riesgos cuando se difunden datos que exponen la integridad de las personas vinculadas al servicio público. Por ello, se plantea la necesidad de evaluar si la normativa vigente garantiza un equilibrio adecuado entre acceso a la información y protección de derechos fundamentales. El objetivo central de este estudio es determinar cómo la divulgación obligatoria de información pública incide en la seguridad personal, laboral y social de los servidores públicos, identificando posibles vulneraciones o vacíos normativos. La pertinencia de esta investigación radica en el deber del Estado de asegurar tanto la transparencia en la gestión como la tutela efectiva de la vida, dignidad y seguridad de quienes cumplen funciones públicas y de la ciudadanía en general. El diseño metodológico se desarrolló bajo un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos. Para el componente cuantitativo, se aplicaron encuestas dirigidas a servidores públicos con el fin de medir su percepción respecto al nivel de riesgo asociado a la publicación de información mínima. En complemento, mediante entrevistas semiestructuradas, se recabaron criterios de especialistas y actores institucionales para profundizar en el análisis jurídico y operativo de la transparencia activa. Los métodos empleados fueron analítico, exegético y hermenéutico, apoyados en un estudio documental de la Constitución, la LOTAIP y lineamientos de protección de derechos. Los resultados evidencian que, si bien la transparencia se ha consolidado como práctica institucional, persisten falencias en la gestión preventiva de riesgos, especialmente en la exposición de datos que pueden comprometer la seguridad integral de los servidores.
Igualdad material en los contratos para la provisión de servicios complementarios en el sector público ecuatoriano, año 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-02-19) Figueroa Menoscal, Erika Paola; Rodriguez Lozano, Francisco Javier; Álvarez Betancourt, Pedro Xavier
Se analiza la tensión entre el mandato constitucional que prohíbe la tercerización y la práctica extendida de contratación mediante servicios complementarios en el sector público ecuatoriano, partiendo de la premisa de que dichas figuras contractuales vulneran la igualdad material de quienes prestan dichos servicios como limpieza, seguridad, alimentación o mensajería. Con un enfoque jurídico-analítico y un método mixto, que articula examen normativo y jurisprudencial con entrevistas semiestructuradas a especialistas en contratación pública y derecho laboral, se contrastan la literalidad de las normas y la doctrina con la experiencia administrativa en instituciones públicas de la provincia de Santa Elena; los hallazgos ponen de manifiesto una brecha persistente entre igualdad formal y sustantiva: trabajadores que desempeñan funciones equivalentes al personal de planta enfrentan inestabilidad, condiciones contractuales precarias, desigualdades retributivas y acceso limitado a la seguridad social. Asimismo, se detectan vacíos normativos, insuficiencia de mecanismos de fiscalización y prácticas de simulación contractual que diluyen la responsabilidad de la entidad contratante, junto con procesos de adjudicación que favorecen la concentración de proveedores. Frente a este diagnóstico, la tesis propone un conjunto de medidas normativas y administrativas orientadas a materializar el principio constitucional de igualdad: armonización normativa entre la Constitución y la regulación de contrataciones, inclusión de cláusulas sociales obligatorias en pliegos, criterios de adjudicación que prioricen la dignidad laboral, fortalecimiento de la fiscalización y reconocimiento de la responsabilidad efectiva de la entidad cuando exista subordinación de hecho, además de políticas afirmativas y auditorías sociales para la economía popular; en suma, concluye que la igualdad material exige no sólo reformas legales sino voluntad administrativa y herramientas concretas que transformen la contratación pública en un instrumento real de justicia social.
La convalidación de las escrituras públicas por el error de Derecho, 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-02-19) Cáceres Mina, Dayra Jacqueline; Párraga Valencia, Elizabeth Cristina; Gallegos Noriega, Karina Mercedes
La convalidación de las escrituras públicas por el error de derecho, aborda una problemática jurídica en la seguridad de los actos notariales en el Ecuador, derivada de las contradicciones normativas entre el artículo 1468 y los artículos 13, 721, 2197 y 2199 del C. C. Dichas discrepancias generan incertidumbre al momento de determinar si el error de derecho puede o no viciar el consentimiento, dificultando así la aplicación uniforme de la convalidación en las escrituras públicas. El objetivo general consistió en analizar la convalidación de los actos notariales viciados por error de derecho, interpretando su alcance doctrinario y normativo para determinar su incidencia en la validez de los instrumentos públicos. La investigación se justifica en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en la función notarial, garantizando que los actos jurídicos respondan al principio de legalidad y a la voluntad real de las partes. La motivación radicó en la ausencia de criterios uniformes en la práctica judicial y notarial, situación que afecta directamente la eficacia de los actos celebrados ante la fe pública. El estudio se enmarca en un enfoque cualitativo, con diseño descriptivo y analítico. Se aplicaron los métodos inductivo, deductivo, exegético y comparativo, y técnicas como la revisión documental, el análisis normativo y entrevistas a jueces de la Unidad Judicial Civil de Santa Elena. Las bases teóricas se sustentan en autores como, René Japiot y Julián Bonnecase, quienes abordan la nulidad y convalidación de los actos jurídicos. Se evidenció que la aparente contradicción normativa entre el artículo 1468 y los artículos 13, 721, 2197 y 2199 del Código Civil no constituye una verdadera contradicción, sino que, es una ambigüedad del término “derecho”, esta confusión se produce al no distinguir claramente entre “derecho” como sistema normativo y “derecho” como facultad o exigibilidad de una obligación.

Browse

Recent Submissions