Tesis de Derecho

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Medidas cautelares en materia de propiedad intelectual en las Legislaciones de Ecuador, Chile y España, 2026
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-10-23) León Alomoto, Jhonny Isaac; Tomalá Tomalá, Daniel Aníbal; Díaz Panchana, Karen Vanessa
La presente investigación analizó y comparó los marcos normativos de medidas cautelares en materia de propiedad intelectual de Ecuador, Chile y España, con el objetivo de identificar elementos normativos distintivos y mejores prácticas aplicables al fortalecimiento del sistema jurídico ecuatoriano. Se empleó un enfoque cualitativo con diseño de investigación jurídica comparada, basado en análisis documental, método exegético y método comparado aplicados sobre fuentes normativas de los tres ordenamientos jurídicos. Los resultados confirmaron la idea a defender de que existen disparidades estructurales y verificables en los requisitos de concesión, el catálogo de medidas cautelares disponibles, la naturaleza del órgano competente. En cuanto a los requisitos, Ecuador establece un estándar probatorio más exigente en su redacción literal, mientras que España posee un régimen más favorable al solicitante, al no requerir acreditación autónoma del periculu in mora cuando se solicita el cese de la actividad infractora. Ecuador atribuye a la SENADI la facultad de dictar medidas cautelares en sede administrativa priorizando la celeridad, mientras que Chile y España concentran esta función en el poder judicial, garantizando mayor independencia y proporcionalidad. En el entorno digital, Ecuador contempla expresamente medidas para infracciones digitales en el artículo 565 del COESCCI, mientras que España posee el régimen más avanzado en responsabilidad de intermediarios. Se identificaron tres vacíos normativos en el sistema ecuatoriano, la ausencia de un régimen sistemático frente a intermediarios digitales, la brevedad del término para formalizar la demanda y la inexistencia de la figura de caución sustitutoria. Como mejores prácticas aplicables, se recomendó incorporar en el COESCCI un capítulo específico sobre medidas frente a intermediarios digitales, ampliar el término establecido en COESCCI a veinte días y, por último, introducir la caución sustitutoria conforme al modelo de la LEC española, fortaleciendo así el equilibrio entre la tutela efectiva del titular y las garantías del supuesto infractor.
La interpretación pro-actione en la corrección del cauce procesal constitucional: Desarrollo jurisprudencial 2021-2024
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-10-22) García Jaramillo, Ezequiel Alexander; Rodríguez Plúas, Dayanna Lizeth; Conopoima Moreno, Yeriny Del Carmen
La presente investigación resulta importante para las ciencias jurídicas, ya que la interpretación del principio pro-actione y la corrección del cauce procesal son instrumentos indispensables dentro del sistema constitucional, así permite al juez que realice la correcta protección de los derechos fundamentales por encima de los excesivos formalismos. Por ende, el trabajo se realizó con el método cualitativo, de tipo documental a nivel descriptivo, mediante un análisis detallado de la jurisprudencia de la Corte Constitucional del periodo del 2021-2024 del Ecuador y las fuentes doctrinales y normativas. La línea de investigación de este trabajo fue de “Derechos Humanos y de la Naturaleza” en materia constitucional, donde se examinó el uso del principio pro-actione en la corrección del cauce procesal conforme a la interpretación de sentencias basadas en la acción de protección en el Ecuador, mediante la jurisprudencia pronunciada por la Corte Constitucional en el periodo 2021-2024. La problemática se centró en la tensión existente entre el formalismo excesivo y garantizar la tutela judicial efectiva, donde no se ponga en sacrificio la seguridad jurídica y el debido proceso. Los resultados evidenciaron que la Corte Constitucional ha consolidado una línea jurisprudencial orientada a privilegiar el análisis de fondo sobre los formalismos procesales, permitiendo el uso del principio pro-actione, la corrección del cauce procesal mediante el marco normativo de la Constitución de la República del Ecuador, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se concluye, que el principio pro-actione es un recurso clave para la protección de derechos, cuando se aplique y fundamente bajo los criterios jurídicos, siendo estos un objeto de ayuda para equilibrar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y al ordenamiento jurídico, fortaleciendo la protección de derechos y aportando criterios que sean útiles para el fortalecimiento de las garantías jurisdiccionales.
Abuso del derecho de voto mayoritario en la sociedad de acciones simplificadas según el artículo 57 del reglamento de las sociedades por acciones simplificadas
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-10-22) Paredes Chamba, Alexander Moisés; Gallegos Noriega, Karina
El abuso del derecho de voto de los accionistas mayoritarios constituye un fenómeno de creciente relevancia dentro del derecho societario ecuatoriano, particularmente en las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), un modelo empresarial flexible cuya laxitud normativa puede propiciar desequilibrios de poder entre los socios. Dentro de lo abordado en el estudio, se examinó cómo el artículo 57 del Reglamento de las SAS regula el ejercicio abusivo del voto mayoritario y las consecuencias que dicha conducta genera sobre el patrimonio social y los derechos de los accionistas minoritarios. En este sentido, el objetivo de la investigación fue describir las formas de configuración del abuso del derecho de voto de los accionistas mayoritarios en la SAS, mediante el estudio del citado artículo y de casos jurisprudenciales regionales, con el fin de evidenciar sus efectos sobre los derechos de los minoritarios. Así el marco teórico aborda temas relativos a las conductas que configuran el abuso mayoritario, como la apropiación indebida de activos, la capitalización abusiva, la remoción injustificada de administradores y la afectación de los derechos preferentes, contrastando estas manifestaciones con la doctrina societaria y el marco legal ecuatoriano internacional aplicable. La metodología, aplicada adoptó un enfoque cualitativo y un alcance exploratorio, apoyado en los métodos deductivo, exegético y analítico; asimismo, se recurrió a la revisión documental y a entrevistas dirigidas a profesionales del derecho societario, a su vez se identificaron categorías analíticas a partir de las causas y efectos que giran en torno a la problemática, lo que permitió contrastar la dinámica entre la teoría, la norma y la práctica corporativa. Finalmente, el estudio aporta criterios interpretativos y recomendaciones para fortalecer el ámbito normativo societario en el contexto del voto en las SAS, promoviendo así mecanismos de control más eficaces, mayor transparencia corporativa y equilibrio efectivo entre accionistas mayoritarios y minoritarios.
El control de convencionalidad en la adquisición de los derechos del obtentor y las limitaciones previstas en el artículo 491 del COESC, 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2026, 2026-10-22) Aguirre Vega, Alex Rodrigo; Matías Gómez, Génesis Yolanda; Acosta Pacheco, Marco Antonio
La presente investigación analiza el control de convencionalidad de las limitaciones a los derechos del obtentor previstas en el artículo 491 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESC), con el propósito de determinar su compatibilidad con los instrumentos internacionales vigentes para el Ecuador durante el año 2025. El planteamiento del problema radica en la posible contradicción entre las excepciones reconocidas por la normativa nacional y las obligaciones asumidas por el Estado en el Acta de 1978 del Convenio UPOV y la Decisión 345 de la Comunidad Andina, generando incertidumbre sobre el alcance de la protección jurídica del derecho del obtentor. El objetivo general consiste en analizar la compatibilidad de dichas limitaciones mediante la aplicación del control de convencionalidad como criterio de interpretación jurídica. La investigación se justifica por la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales y promover una armonización entre la protección de la propiedad intelectual, la seguridad alimentaria, la biodiversidad y los derechos de las comunidades locales. Las teorías predominantes corresponden a la teoría del control de convencionalidad desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la teoría de la jerarquía normativa y supremacía constitucional, así como la teoría de la propiedad intelectual aplicada a las obtenciones vegetales. La metodología empleada responde a un enfoque cualitativo, con diseño descriptivo y analítico, utilizando los métodos analítico, deductivo y exegético, mediante técnicas de análisis documental y entrevista a especialistas en propiedad intelectual. Se concluye que el control de convencionalidad constituye un mecanismo indispensable para interpretar las limitaciones previstas en el artículo 491 del COESC conforme a los estándares internacionales, evitando incompatibilidades normativas y garantizando un equilibrio entre los derechos exclusivos del obtentor, el interés público, la innovación agrícola y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado ecuatoriano.
La teoría de la imprevisión contractual en las legislaciones de Ecuador, Argentina y Panamá
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-10-22) Gómez Villamar, Gary Alexander; Tomalá Mendoza, Elvis Enrique; Gallegos Robalino, Isabel
Este estudio examina de forma comparada la doctrina de la imprevisión contractual en Ecuador, Argentina y Panamá, evaluando cómo sus sistemas jurídicos abordan sucesos anómalos, impredecibles y externos que rompen la equidad financiera en los acuerdos. El marco normativo difiere notablemente: Argentina la positiviza formalmente en su Código Civil y Comercial; Panamá la estructura mediante líneas jurisprudenciales y análisis doctrinales; mientras que Ecuador no posee una norma explícita, forzando su debate e implementación indirecta a través de la equidad, la buena fe y la justicia conmutativa. Metodológicamente, se adopta un paradigma cualitativo de carácter dogmático, descriptivo y analítico. La recolección de datos se realiza mediante el escrutinio documental de fuentes legales, fallos judiciales y literatura especializada de las tres naciones, procesando la información con matrices de cotejo para determinar convergencias y divergencias operativas. El diseño metodológico integra los métodos exegético, inductivo y analítico- sintético. Los hallazgos previstos delimitarán los presupuestos esenciales, alcances y herramientas de tutela del equilibrio de las prestaciones en cada territorio, sirviendo de base para sopesar la viabilidad de una reforma legislativa en Ecuador. Finalmente, se plantea que esta contrastación legal robustece la certidumbre jurídica y la justicia en la contratación, proveyendo soluciones eficientes ante alteraciones fácticas sobrevenidas en la fase de ejecución contractual.
Inhabilidades de peritos en el contexto de la celeridad procesal Art. 511 COIP
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-10-22) Tomalá Ramírez, Hellen Carolina; Merejildo Magallán, Analía; Herdoiza Moran, Gisela Yanine
La presente investigación aborda la incidencia que ejerce la prohibición de recusar a los peritos judiciales incursos en causales de inhabilidad prevista en el artículo 511 del COIP sobre la celeridad procesal en el procedimiento penal ecuatoriano, ante la interrogante de si dicho mecanismo de control garantiza la celeridad procesal o si, por el contrario, la compromete al limitar la oportuna contradicción sobre la idoneidad del perito, en este sentido, el objetivo general fue analizar la incidencia de dicha inhabilidad sobre la celeridad procesal para valorar el equilibrio entre la agilidad del procedimiento y las garantías del debido proceso, identificando los fundamentos doctrinarios y normativos de la inhabilidad pericial, contrastando su tratamiento en las legislaciones de Ecuador, Argentina y México, y determinando sus efectos a partir de la percepción de jueces y abogados penalistas, de este modo, la investigación se justifica en la necesidad de examinar una disposición poco abordada ofreciendo fundamentos para reducir tensiones con el debido proceso y la tutela judicial efectiva, a su vez, en el desarrollo teórico de la investigación, se realizó un breve recuento histórico de la prueba pericial, un estudio normativo comparado y una indagación doctrinaria en torno a su naturaleza jurídica, la imparcialidad del criterio técnico y los mecanismos de control. Metodológicamente, se adoptó un enfoque cualitativo de tipo exploratorio mediante guías de entrevista aplicadas a jueces y abogados especialistas en materia penal para comprender sus concepciones sobre la función pericial y la imparcialidad del criterio técnico, de esta manera se concluye que el mecanismo de control previsto en el artículo 511 Código Orgánico Integral Penal opera de manera tardía evidenciando que la prohibición de recusación, lejos de agilizar el proceso, compromete a la legitimidad del peritaje generando una desarmonización que exige una revisión legislativa y doctrinal orientada a preservar el debido proceso.
El tipo penal abuso de confianza y el principio de mínima intervención penal: Caso No. 2706-16-EP
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-10-22) Soriano García, Lady Dayana; Ángel Paredes, Nancy Stephanie; Zuleta Araque, Andrés
El presente trabajo de investigación se enfoca en abordar la problemática que surge a partir de la aplicación del Art. 187 que tipifica el tipo penal abuso de confianza frente al principio de mínima intervención penal contenido en el Art. 3 del Código Orgánico Integral Penal, a partir de la controversia que se plantea por los casos limítrofes con relación al incumplimiento contractual, en razón de que los mencionados cuentan con elementos concurrentes civiles y penales, lo cual provoca que se desvirtúe la finalidad del derecho penal y lo convierte en un medio de criminalización de deudas, aun cuando existen mecanismos extrapenales. Se parte de un análisis doctrinario centrado en las teorías de Luigi Ferrajoli y de Cesare Beccaria, centrado en las características del principio, las cuales se componen por la subsidiariedad, fragmentariedad y proporcionalidad, seguido a ello se aborda desde una perspectiva teórica los elementos del tipo penal, en especial, el dolo penal y el dolo civil, al igual que la relación que nace entre ambas variables. La metodología cualitativa y diseño exploratorio, respondió a un carácter jurídico-dogmático jurisprudencial, donde se incluye un análisis normativo de la CRE y el COIP, y jurisprudencial en cuanto a la sentencia 2706-16-EP/21 que se valoró con una matriz casuística, así como también entrevistas a expertos del derecho penal como lo son Jueces de Tribunales Penales y Fiscales del Ecuador, lo cual proporciona una visión clara para entender la interpretación práctica del tipo penal y que con ello permitió validar la idea a defender. Por lo tanto, la trascendencia de esta investigación no solo radica en la capacidad de identificar un problema poco abordado, sino que pretende contribuir a la construcción y delimitación de criterios que orientan la correcta aplicación del tipo penal abuso de confianza atendiendo al principio de mínima intervención penal.
Validez jurídica de los contratos inteligentes ejecutados en Blockchain. Análisis a la luz de la Ley de Comercio Electrónico y al Código Civil Ecuatoriano
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-10-22) Rodriguez Tomalá, Isaac Adam; Tomalá Prudente, Melanie Mayerly; Gallegos Noriega, Karina Mercedes
El presente estudio tiene como objetivo analizar la validez jurídica de los contratos inteligentes ejecutados en blockchain a la luz de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, y al Código Civil ecuatoriano; el siguiente estudio nace ante el crecimiento del uso de mecanismos tecnológicos en las relaciones contractuales y la necesidad de fijar si el marco legal vigente ofrece los requisitos esenciales para reconocer la validez y eficacia de los contratos, distinguidos por su ejecución descentralizada y automática. La investigación se expone bajo un enfoque jurídico cualitativo, a través, del análisis normativo y doctrinario de las principales instituciones jurídicas vinculadas con los contratos inteligentes y la contratación electrónica; a tales resultados, se examinaron conceptos esenciales como seguridad jurídica, blockchain, autonomía de la voluntad, ejecución automática, contratos inteligentes, consentimiento, eficacia probatoria y responsabilidad civil, así como también la normativa nacional aplicable. Los resultados demuestran que el ordenamiento jurídico ecuatoriano manifiesta la validez de los contratos y actos celebrados por medios electrónicos e incluye principios fundamentales que permiten admitir la eficiencia y seguridad jurídica de los contratos inteligentes ejecutados en el sistema Blockchain, siempre que se apliquen los requisitos esenciales de valides previstos en el Código Civil ecuatoriano. Además, se identifican vacíos normativos inherentes con la ausencia de una regulación específica sobre la ejecución automática, determinación de responsabilidades, identificación de partes y mecanismos de solución de controversias, lo que puede producir dificultades e inseguridad jurídica en su aplicación práctica. Se evidencia que, si bien los contratos inteligentes son compatibles con los principios del Derecho contractual ecuatoriano y con la regulación de la Ley de Comercio Electrónico, requiere necesariamente la incorporación de mandatos normativos específicas que normen y garanticen su funcionamiento, fomenten el desarrollo de las nuevas tecnologías actuales y otorguen mayor seguridad dentro del sistema jurídico nacional.
El principio de prevención del estado en la eliminación de residuos eléctricos y electrónicos en la legislación de Ecuador, Perú y Colombia
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-10-22) Morán Sánchez, Kristel Dayamis; Rodríguez Tomalá, Adriana Lisseth; Procel Contreras, Daniel Alejandro
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, son aquellos que han finalizado su vida útil, los mismos que contienen materiales reciclables como contaminantes perjudiciales para la salud, el aire y fuentes de agua , por ende la presente investigación analiza la aplicación del principio de prevención del Estado en la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en las legislaciones de Ecuador, Perú y Colombia, considerando el incremento de estos residuos y los riesgos que representan. El objetivo del trabajo es comparar la aplicación del principio de prevención en la gestión de los RAEE desde el análisis normativo y documental, con la finalidad de identificar similitudes, diferencias y buenas prácticas que fortalezcan el marco jurídico ecuatoriano. Se justifica de acuerdo a la necesidad de avanzar en la protección del derecho a un ambiente sano y mejorar la eficacia de la regulación ambiental, ante los desafíos que impone la insuficiente gestión de los RAEE. La metodología es la que se desarrolla a partir de una perspectiva cualitativa, de diseño no experimental y de alcance descriptivo-comparativo, tomando como técnicas el análisis documental y el método de derecho comparado, apoyándose en matrices normativas y fichas de análisis jurídico y en cuadros comparativos. Se obtuvo con ello que los tres países reconocen el principio de la prevención como principio de la protección ambiental; sin embargo, Perú y Colombia presentan mecanismos más elaborados para su aplicación efectiva, especialmente en lo que se refiere a la responsabilidad extendida del productor, al control ambiental y a programas posconsumo obligatorios, en tanto que Ecuador mantiene un sólido reconocimiento normativo, aunque con limitaciones en su aplicación práctica. Por lo tanto, se concluye que el fortalecimiento del sistema jurídico ecuatoriano requiere perfeccionar los mecanismos de ejecución, control y coordinación institucional, incorporando las buenas prácticas identificadas en la legislación comparada para garantizar una gestión integral y preventiva de los residuos eléctricos y electrónicos.
La reparación integral de víctimas indirectas en las Legislaciones de Ecuador, México y Colombia, 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-10-22) García Mejillones, María Estefanía; Zhangallimbay Santana, Genessis Nikole; Wasbrum Tinoco, Wilfrido Giovanny
La presente investigación aborda el estudio y análisis de la reparación integral a las víctimas indirectas mediante el derecho comparado entre las legislaciones de Ecuador, México y Colombia. El interés del tema radica en que las víctimas indirectas familiares y allegados que sufren afectaciones derivadas del hecho punible con frecuencia carecen de un reconocimiento normativo suficiente, lo que compromete la efectividad de sus derechos en el ámbito penal. Para el desarrollo del trabajo se estructuró un objetivo general, orientado a comparar el reconocimiento de las víctimas indirectas en las legislaciones de los tres Estados, a partir del estudio doctrinario, normativo y jurisprudencial, con la finalidad de constatar que la normativa ecuatoriana presenta limitaciones jurídicas para garantizar la reparación integral de este grupo. De este objetivo se desprenden los específicos: comparar las normativas vigentes de Ecuador, México y Colombia en materia de reparación integral de las víctimas indirectas dentro del proceso penal; analizar los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y examinar los pronunciamientos judiciales adoptados en cada uno de los tres países. En este marco se plantea la siguiente problemática científica, direccionada en qué medida las normativas de Ecuador, México y Colombia regulan el reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas indirectas en correlación con la reparación integral. Por consiguiente, la justificación del estudio se sustenta en la necesidad de visibilizar las características esenciales de las víctimas indirectas en el plano de la reparación integral en materia penal, así como en aportar elementos que contribuyan al fortalecimiento del ordenamiento jurídico ecuatoriano a partir de las experiencias comparadas. Finalmente, la metodología se inscribe en el paradigma cualitativo, apoyada en métodos jurisprudenciales, doctrinarios y comparativos que permiten interpretar el tratamiento normativo y jurisprudencial otorgado a las víctimas indirectas en cada legislación.
La excepción al principio de especialidad en el régimen de protección de las marcas renombradas en el Ecuador, 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-10-22) Gonzabay Domínguez, Jonathan Josué; Navarrete Ponce, Juan Daniel; Acosta Pacheco Marco
Se analiza la tensión entre el principio de especialidad que rige el derecho de propiedad industrial ecuatoriano y la protección reforzada que la jurisprudencia andina reconoce a marcas renombradas, partiendo de que la normativa vinculante ya habilita una protección para signos que tienen reconocimiento bajo el amparo de la marca notoriamente conocida, pero no existe determinación clara que permita visualizar cuando la misma alcanza el renombre ni el alcance real de su protección. Con esto, la ausencia de reglas claras genera zonas de indeterminación que afectan la previsibilidad de la norma y consecuentemente a la seguridad jurídica. Por eso, se vuelve necesario analizar los criterios que sustentan esta excepción a partir de las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El estudio teórico permitió sostener las dinámicas que existe entre marcas, la notoriedad busca evitar que el consumidor confunda el origen del producto, mientras que el renombre resguarda el prestigio y el valor económico. Es por eso que un estudio de carácter cualitativo y con enfoque analítico hacia la jurisprudencia andina, posibilitó contrastar interpretaciones prejudiciales de distintos periodos con la normativa aplicable, que permitió visualizar una asimetría entre la magnitud de la protección concedida que estudia la teoría y el rigor exigido para acceder a ella, mientras la marca notoriamente conocida rompe la especialidad de forma relativa y exige acreditar riesgos, la marca renombrada la rompe de manera absoluta y se dispensa de carga probatoria, al considerarse su fama un hecho evidente por sí mismo. Frente a este diagnóstico, la tesis propone que la normativa andina y ecuatoriana incorporen una regulación expresa de la marca renombrada, con indicadores objetivos de acreditación, concluyendo que la coherencia del sistema marcario exige trasladar a norma escrita lo que hasta ahora ha dependido de la interpretación del Tribunal Andino.
Requisitos de materialidad del delito de falsificación documental en la Legislación de Ecuador, México y España 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-10-22) Lindao Zambrano, Leonardo Efraín; Villao Asencio, Cristina Yuliana; Wasbrum Tinoco, Wilfrido Giovanny
La presente investigación analiza los requisitos de materialidad del delito de falsificación documental en las legislaciones de Ecuador, México y España, debido a que las diferencias existentes entre estos ordenamientos jurídicos generan dificultades para determinar los elementos materiales necesarios en la configuración del tipo penal, afectando la protección de la fe pública, el objetivo general de este estudio se centró en comparar los requisitos de materialidad del tipo penal de falsificación documental en los sistemas normativos de Ecuador, México y España identificando sus similitudes y diferencias de tal manera que se pueda evaluar las tendencias normativas orientadas a la protección de la seguridad jurídica, la justificación del trabajo se basó en un análisis comparado de la regulación jurídica de este tipo penal permitiendo identificar fortalezas, vacíos normativos y criterios interpretativos que puedan contribuir al fortalecimiento de la legislación ecuatoriana. Los principales fundamentos teóricos comprenden la evolución histórica de la falsificación documental, el documento como objeto de protección penal, el bien jurídico protegido, la fe pública, la seguridad del tráfico jurídico documental, la falsedad material e ideológica, los requisitos de materialidad y el valor probatorio del documento. Metodológicamente, se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, mediante una investigación documental, bibliográfica y de derecho comparado, el estudio de la falsificación documental se desarrolla mediante el uso combinado de distintos métodos como lo es el análisis, analítico, exegético y la comparación jurídica de las normas se determinó que, aunque las tres legislaciones buscan proteger la autenticidad documental, presentan diferencias en la regulación de los requisitos de materialidad; mientras México y España establecen criterios más específicos ara su configuración, la legislación ecuatoriana mantiene una regulación general, evidenciando la necesidad de fortalecer los criterios interpretativos para garantizar una aplicación uniforme del tipo penal, mayor seguridad jurídica y una protección efectiva de la fe pública.
Principio de seguridad jurídica y la determinación retroactiva del impuesto de patente Municipal en Guayaquil, 2024
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-10-22) Estibel Marshall, Nelson Seymour; Donoso Anchundia, Erika Del Rocío; Toral Morejon, Xiomara Gissella
Este trabajo de investigación busca analizar cómo afecta el principio de seguridad jurídica a las determinaciones retroactivas del impuesto de patente municipal que hizo el Municipio de Guayaquil en el año 2024. El tema nace porque se han dado varios casos donde ha cobrado años anteriores, y eso genera mucha incertidumbre en los contribuyentes porque no saben con certeza cuánto deben ni desde cuándo. Esta situación ha provocado molestias, reclamos e incluso impugnaciones administrativas. Para desarrollar la investigación se utilizó un enfoque mixto, con alcance descriptivo y explicativo. En primer lugar, se revisaron las leyes, ordenanzas municipales, resoluciones, notificaciones y catastros para poder definir hasta dónde es legal cobrar el impuesto de forma retroactiva según la normativa vigente. También se realizaron entrevistas semiestructuradas tanto a funcionarios del municipio como a contribuyentes afectados, con el fin de conocer cuáles fueron las prácticas administrativas que llevaron a estas determinaciones y qué fallas hubo en el proceso de notificación y cobro. Con respecto a los resultados, se pudo determinar que estas determinaciones retroactivas sí afectan directamente el principio de seguridad jurídica. Esto se debe a que no existe una debida previsibilidad ni legalidad en la gestión tributaria municipal. Se evidenció falta de claridad en los procedimientos, deficiencias en la comunicación y ausencia de criterios uniformes para aplicar el impuesto
Principio de progresividad de los derechos y su materialidad en el marco normativo ecuatoriano: caso animales de compañía
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-10-22) Quinde Del Pezo, Kevin Oswaldo; Alomoto Torres, Marcos Abel; Procel Contreras, Daniel
La declaratoria constitucional de la naturaleza como sujeto de derecho, consagrada en el Art. 71, de la Constitución de la República del Ecuador, desde su promulgación en el 2008. En este contexto la presente investigación analiza la materialización jurídica de los animales de compañía dentro del marco normativo ecuatoriano. El ordenamiento jurídico ecuatoriano experimentó un giro paradigmático de trascendencia global al transitar de un modelo antropocéntrico clásico, hacia un enfoque ecocéntrico y biocéntrico. Este avance doctrinal fue fortalecido por la Corte Constitucional en la Sentencia No. 253-20-JH/22, la cual declaró de manera vinculante, que los animales de compañía son seres sintientes y sujetos de derechos autónomos. No obstante, pese al sólido marco constitucional, se identifica una marcada inconsistencia entre el desarrollo constitucional y la legislación secundaria, así como una insuficiente materialización del principio de progresividad, establecida en el Artículo 11 Numeral 8, de la Constitución. En efecto, aunque la Constitución prohíbe la regresividad por acción u omisión, la normativa infra-constitucional, representada en el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento General, presenta vacíos normativos tanto absolutos como relativos respecto a los animales de compañía. El método adoptado dentro de esta investigación abarca un diseño investigativo dogmático jurídico de tipo cualitativo. Donde se emplearon métodos analíticos para el examen del bloque constitucional, así como las líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional y la interpretación de las normas secundarias. Del mismo se emplearon técnicas de recolección de información incluyeron el análisis documental y bibliográfico exhaustivo de doctrina contemporánea sobre la teoría de los derechos fundamentales y el bienestar animal. En conclusión, la investigación realizada demuestra que, pese al reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujetos de derechos, existe una fragmentación del principio de progresividad. Coexistiendo así, una brecha normativa en la protección de los derechos de los animales de compañía en Ecuador.
Derecho a suceder de los nacidos mediante técnicas de fecundación asistida post mortem: estudio comparado de las legislaciones de Ecuador, Argentina y Cuba, 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-10-22) Mora Rosero, Akane Adamary; Rodríguez Pozo, María Belén; Díaz Panchana, Karen
La presente investigación analiza la fecundación post mortem y sus efectos jurídicos en materia sucesoria dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, considerando el vacío normativo existente respecto al reconocimiento de derechos hereditarios del concebido mediante técnicas de reproducción humana asistida posteriores al fallecimiento del causante. El problema jurídico surge debido a que el Código Civil ecuatoriano mantiene criterios tradicionales relacionados con la capacidad para suceder y la apertura de la sucesión, particularmente en el artículo 1005, sin contemplar los avances biomédicos vinculados con la reproducción asistida post mortem. El objetivo general consiste en realizar un análisis comparado entre las legislaciones de Ecuador, Argentina y Cuba, con la finalidad de determinar mecanismos jurídicos aplicables para la protección sucesoria y filiatoria del concebido post mortem dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. La investigación se justifica por la necesidad de adaptar la normativa nacional a las nuevas realidades científicas y familiares, garantizando seguridad jurídica, protección del interés superior del niño y reconocer los derechos hereditarios derivados de la voluntad procreacional del causante. Entre los principales elementos teóricos abordados se encuentran la autonomía reproductiva, la afiliación derivada de técnicas de reproducción humana asistidas, la capacidad sucesoria y la protección patrimonial del concebido post mortem. La metodología aplicada corresponde a un enfoque cualitativo mediante métodos analítico, comparativo y jurídico doctrinal, utilizando revisión normativa, doctrinaria y jurisprudencial de los sistemas jurídicos de Ecuador, Argentina y Cuba. Como conclusión, se determina que Ecuador presenta importantes vacíos normativos respecto a la fecundación post mortem, mientras que Argentina y Cuba desarrollan regulaciones más amplias que reconocen efectos filiatorios y sucesorios derivados de técnicas de reproducción humana asistida, garantizando mayor protección jurídica al concebido y estabilidad dentro de las relaciones familiares y patrimoniales contemporáneas en constante evolución jurídica. Asimismo, la investigación propone criterios jurídicos orientados al fortalecimiento normativo ecuatoriano.
Principio de igualdad y no discriminación en la ausencia injustificada del personal de la Policía Nacional, 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-10-22) Borbor González, Nathaly Gabriela; Pozo Tomalá, Lizbeth Pierina; Ramos Ramos, Teddy Enrique
El principio de igualdad y no discriminación, consagrado en el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, tiene la finalidad de un tratamiento igualitario equivalente a diferentes circunstancias. En este contexto, la regulación de la ausencia injustificada del personal de la Policía Nacional evidencia cuestionamientos respecto de su compatibilidad con dicho principio, en razón a las consecuencias disciplinarias previstas para la conducta y a su vez la existencia de diferencias normativas en instituciones referentes a regímenes disciplinarios. Bajo esta perspectiva, el presente trabajo de investigación se orientó en analizar la incidencia del principio de igualdad y no discriminación en la regulación de la ausencia injustificada del personal de la Policía Nacional, a partir de estudio de la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, el Reglamento Sustitutivo al Reglamento para la aplicación del Régimen Disciplinario del Libro I del COESCOP, incorporando el comparativo de la situación militar de disponibilidad del personal de las Fuerzas Armadas mediante regulada en la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas y el Reglamento General de la LOPDFFAA. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un nivel descriptivo y analítico, empleando los métodos: exegético, analítico, comparativo, e inductivo, complementados con revisión documental y aplicación de entrevistas a profesionales especializados en derecho administrativo y régimen disciplinario. El análisis desarrollado permitió determinar que el tratamiento jurídico diferenciado entre la situación de disponibilidad del personal de las Fuerzas Armadas y la ausencia injustificada evidencian una incompatibilidad con el principio de igualdad y no discriminación, lo que sustenta la necesidad de incorporar criterios acordes con los derechos constitucionales, principios de razonabilidad, proporcionalidad y tutela administrativa efectiva.
Principio de favorabilidad en materia penal respecto a las competencias de la Corte Constitucional del Ecuador: caso 2814- 17-EP/22
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-10-22) Mero Pincay, Angel Jair; Suárez Lavayen, Dave Jeremy; Wasbrum Tinoco, Wilfrido
El presente trabajo de investigación analiza la configuración jurídica de la actuación de la Corte Constitucional del Ecuador al ordenar de oficio la aplicación del principio de favorabilidad en el caso 2814-17-EP/22, para determinar si dicha intervención constituyó una extralimitación en el marco del derecho penal y constitucional. La problemática surge de la tensión entre la protección de derechos fundamentales y la correcta delimitación de competencias, evidenciada cuando la Corte dispuso oficiosamente la revisión de una pena con base en una resolución posterior más favorable, sin que el accionante haya invocado el principio de favorabilidad. El objetivo general consistió en analizar dicha actuación mediante el estudio dogmático y normativo de las competencias constitucionales, para valorar si constituyó una extralimitación. La justificación radica en la necesidad académica de aportar al desarrollo teórico del derecho constitucional ecuatoriano, específicamente en la intersección entre derecho penal y constitucional. Los principales elementos teóricos incluyen fundamentos del Estado constitucional, el principio de supremacía constitucional, la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, los modelos de control constitucional, el principio de favorabilidad en materia penal, las competencias y atribuciones de la Corte Constitucional, la acción extraordinaria de protección, los límites competenciales en materia penal, y la actuación oficiosa de los órganos jurisdiccionales. La metodología se desarrolló con enfoque cualitativo, empleando técnicas de análisis documental, análisis jurisprudencial, análisis normativo y revisión bibliográfica. Como conclusión general, se determina que la Corte Constitucional incurrió en extralimitación de competencias al ordenar oficiosamente la aplicación del principio de favorabilidad y de la resolución 02-2019, contraviniendo el artículo 436 de la Constitución; vulneró el principio de congruencia procesal al resolver algo no planteado por el accionante, el principio de especialidad funcional al invadir competencias penales; y se evidencia la falta de criterios que delimiten el alcance de la actuación oficiosa en materia penal.
Reformatio in peius en el derecho penal ecuatoriano: Caso sentencia No. 768-15-EP/20
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-10-22) Mejía Donoso, Joseph Samuel; Quishpe Pallasco, Cesar Ignacio; Silvestre Ponce, Esther Viviana
La presente investigación examina la aplicación del principio non reformatio in peius en el sistema procesal penal ecuatoriano, a partir de la divergencia interpretativa que genera la legitimación recursiva de la acusación particular para solicitar el agravamiento de la situación jurídica del procesado. El problema jurídico se centra en la ausencia de una regulación expresa en los artículos 652 y 653 del Código Orgánico Integral Penal que determine si dicha legitimación habilita a este tercer sujeto procesal para provocar una reforma en perjuicio, circunstancia que se materializó en el fallo dividido (5-4) de la Sentencia No. 768-15-EP/20 de la Corte Constitucional del Ecuador. El objetivo general consiste en analizar la aplicación del referido principio mediante valoración normativa y dogmática, considerando las corrientes doctrinales de Roxin y Binder, con el propósito de determinar las inconsistencias interpretativas derivadas de la pluralidad de sujetos procesales legitimados para recurrir. La justificación del estudio radica en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y la coherencia del ordenamiento procesal penal frente a un modelo adversarial acusatorio que incorporó a la acusación particular como actor autónomo sin delimitar con precisión sus facultades impugnatorias. El sustento teórico se desarrolla desde la teoría del principio de oficialidad y el límite al ius puniendi estatal (Roxin, 2000), la posición restrictiva sobre la legitimación exclusiva de la Fiscalía (Binder, 2020) y los aportes doctrinales de Guevara Elizalde (2017) y Ferrajoli (1995) sobre las garantías del debido proceso. Metodológicamente, la investigación adopta un enfoque cualitativo, sustentado en los métodos dogmático-procesal, exegético-jurisprudencial y analítico-comparativo, mediante el análisis documental de la normativa, jurisprudencia constitucional, y la aplicación de entrevistas semiestructuradas a profesionales del Derecho Penal. Se concluye que la indefinición normativa sobre la legitimación recursiva de la acusación particular genera una aplicación inconsistente del principio non reformatio in peius, comprometiendo la coherencia del sistema procesal penal ecuatoriano y evidenciando la necesidad de una reforma legislativa que armonice las corrientes doctrinales analizadas con las particularidades del ordenamiento nacional.
Las excepciones al régimen semi abierto en el ámbito de la doble vulnerabilidad de la mujer embarazada en el Ecuador, 2025
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-10-22) Rivadeneira González, Luis Adrián; Gallino Sánchez; Darla Anahi
La presente investigación aborda una problemática de especial relevancia para las ciencias jurídicas al analizar las excepciones al régimen semiabierto previstas en el artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal y su incidencia en la protección de los derechos de las mujeres privadas de libertad en estado de gestación, en condición de doble vulnerabilidad, el problema jurídico surge de la aplicación de dicha disposición, que limita el acceso al régimen para quienes han sido condenadas por determinados delitos, sin contemplar un análisis individualizado de circunstancias particulares derivadas del embarazo ni de su protección reforzada, el objetivo general es analizar estas excepciones en el ámbito de la doble vulnerabilidad de la mujer embarazada privada de libertad, mediante el estudio doctrinario, normativo y jurisprudencial, a fin de formular observaciones y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la tutela de sus derechos fundamentales. La investigación se justifica por la necesidad de armonizar la política criminal con el principio de dignidad humana y rehabilitación social, se desarrolla dentro de las líneas de investigación del derecho constitucional, derechos humanos, derecho penal y penitenciario, con sustento teórico en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y las Reglas de Bangkok, adoptando un enfoque cualitativo, una investigación exploratoria, con métodos analítico, exegético y deductivo, utilizando el análisis documental y entrevistas a jueces de garantías penitenciarias y abogados en libre ejercicio, finalmente se concluye que la aplicación estricta de las excepciones al régimen semiabierto genera tensiones con la protección reforzada que ampara a las privadas de libertad embarazadas, por lo que resulta necesaria una interpretación conforme a la Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, a fin de garantizar una ejecución penal respetuosa de dignidad humana y de la finalidad resocializadora de la pena.
Doctrina de la Protección Integral en el ámbito de la niñez y su identidad de género: Caso 95-18 EP
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-10-22) Reyes Franco, Meison Edu; Cajape Bermeo, Marilyn Lissett; Reyes Tomala, Brenda Amparito
La presente investigación aborda cómo la Doctrina de Protección Integral es valorada en el ámbito de la identidad de género aplicada a la niñez, tomando como referencia la sentencia 95-18 EP/24, ante la duda de si dicha doctrina se aplica de forma completa o fragmentaria en los derechos de libertad e identidad de género en la niñez. El objetivo general fue analizar los elementos y criterios de la protección integral en dicho fallo, para valorar el equilibrio entre los derechos de identidad y los principios doctrinales, así como identificar dichos elementos, evaluar su complementación con los derechos de libertad e identidad, y constatar la omisión valorativa presente en la sentencia. La investigación busca analizar el marco doctrinal de los derechos de la niñez, ofreciendo fundamentos para priorizar el interés superior del niño desde una mirada integral, reduciendo situaciones discriminatorias o de revictimización. En el desarrollo teórico de la investigación, se realizó un repaso histórico breve pero concreto sobre los derechos de la niñez y adolescencia, así como la transición doctrinaria de situación irregular a la de protección integral en la que se establecen principios fundamentales que son de obligatoria aplicación, de igual manera, se realizó un análisis sobre conceptos de identidad, desarrollo, género y educación desde la perspectiva jurídica, acompañada de concepciones de psicología. Metodológicamente, se adoptó un enfoque cualitativo de tipo exploratorio, mediante guías de entrevistas como instrumento de recolección de información, para comprender las concepciones de protección integral e identidad de género. Se concluye que la sentencia 95 18 EP/24 evidencia una valoración parcial e incompleta de la Doctrina de Protección Integral, pues no armoniza los principios de interés superior y prioridad absoluta con los derechos de identidad y libertad, generando contradicciones que exigen una revisión jurisprudencial y doctrinal rigurosa para garantizar protección real de niños, niñas y adolescentes.

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