Interpretación ambigua del tipo penal de terrorismo en su aplicación a casos relacionados con grupos de delincuencia organizada en Ecuador año 2025

Abstract

La declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador, mediante el Decreto Ejecutivo No. 111 de enero de 2024, propulsó la aplicación del delito de terrorismo (artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal, COIP) a los grupos de delincuencia organizada (GDO), en lugar de tipos penales más análogos, como el de delincuencia organizada (artículo 369 COIP) o el de asociación ilícita (artículo 370 COIP). Esta decisión político-criminal puso de manifiesto una vulnerabilidad estructural en la redacción normativa: la indeterminación del elemento normativo "estado de terror", que carece de definición legal y de criterios objetivos de verificación. El estudio revela cómo esta indeterminación traslada una excesiva carga interpretativa a los operadores de justicia, afecta los estándares de subsunción judicial y genera una falta de coincidencia en los criterios de interpretación, lo que produce resultados resolutivos heterogéneos frente a hechos análogos. Ello deteriora, a su vez, el principio de taxatividad (artículo 76.3 de la Constitución de la República del Ecuador, CRE), el de seguridad jurídica (artículo 82 CRE) y el de igualdad ante la ley. La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo dogmático, mediante revisión documental y análisis de contenido de la jurisprudencia dictada por la Unidad Especializada en Crimen Organizado, lo que permitió identificar las distintas categorías de vaguedad que afectan al término y confrontarlas con los estándares internacionales de la Convención de Palermo. A partir de dichos hallazgos, la investigación plantea criterios de interpretación restrictiva y de verificabilidad que permiten delimitar objetivamente el "estado de terror", con miras a recuperar la coherencia del juicio de subsunción y la seguridad jurídica en el sistema penal aplicable a los GDO. Los resultados evidencian que la ausencia de parámetros objetivos constituye la causa estructural de la inseguridad jurídica verificada en la muestra analizada.