La democracia representativa en la Carta Democrática Interamericana y su influencia en la Resolución PLE-CNE-2 13-3-2025

Abstract

Dentro del proceso electoral efectuado el 16 de abril del 2025, se evidenció una contraposición entre la urgencia de garantizar la transparencia, seguridad electoral y el respeto hacia los principios democráticos de los electores, es así como la resolución objeto de estudio restringió el uso de dispositivos móviles, eléctricos y/o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio en las Juntas Receptoras del Voto. Estudio que busca, analizar la influencia de los principios democráticos a través de la CDI y su efecto en la resolución PLE-CNE-2-13-3-2025, valorando así su compatibilidad con los estándares internacionales ante los derechos de libertad de expresión, acceso a la información y participación ciudadana. La importancia del presente estudio radica en ser un tema innovador y poco investigado, ofreciendo información suficiente a las personas interesadas en la democracia representativa. Estudio dogmático respaldado en diversas teorías que fundamentan la evolución y desarrollo histórico de la democracia representativa, la libertad de expresión, la participación ciudadana, y los orígenes de la CDI, los cuales permiten la materialización de la democracia en un Estado de derecho. La metodología aplicada inicia con el método analítico que permitió separar las partes esenciales para el análisis de la estructura lógica de la CDI y su aplicación en los procesos electorales, sumado a esto la implementación del método exegético, método sintético y deductivo permitiendo sintetizar la comprensión del tema abordado. Concluyendo con que la medida debe encontrarse motivada fáctica y jurídicamente, de acuerdo al principio de convencionalidad y proporcionalidad, restricción que se presta para cuestionamientos, llegándose a interpretar como una medida que vulnera derechos constitucionales. Misma que, recae en una ambigüedad jurídica, que genera ante la población interpretaciones erróneas sobre sus restricciones. Constatándose que el marco legal ecuatoriano es compatible con la CDI, sin embargo, su aplicación en los procesos electorales es deficiente.