La extradición en la legislación ecuatoriana, y los tratados internacionales en Colombia y Perú, 2025

Abstract

El presente trabajo tuvo como objetivo principal analizar de manera crítica y comparada el régimen jurídico de la extradición en Ecuador frente a los marcos normativos de Colombia y Perú, con el propósito de determinar si la legislación ecuatoriana garantiza efectivamente el principio del debido proceso y la cooperación internacional en materia penal al ejecutar los procedimientos de extradición. La investigación mantuvo un enfoque cualitativo, sustentado en los métodos analítico, exegético y comparativo, examinando fuentes normativas nacionales e internacionales como constituciones, códigos penales, leyes de extradición y tratados internacionales. Toda la información fue sistematizada en matrices comparativas que permitieron identificar con precisión las convergencias y divergencias entre los tres países de estudio. Los resultados evidencian que la legislación ecuatoriana presenta una marcada rigidez constitucional derivada de la prohibición absoluta de extraditar a nacionales, prevista en el artículo 79 de la Constitución de la República del Ecuador. Esta restricción genera tensiones entre la soberanía estatal y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, afectando directamente la cooperación judicial. A ello se suma la falta de coordinación institucional entre las autoridades competentes y la ausencia de procedimientos claros que garanticen la protección de los derechos fundamentales del requerido, lo que vulnera el principio del debido proceso. En contraste, los sistemas jurídicos de Colombia y Perú muestran estructuras más coherentes y operativas, con una participación judicial sólida y mecanismos de control que fortalecen la seguridad jurídica y la eficacia de la cooperación internacional. En consecuencia, se concluye que la normativa ecuatoriana no asegura plenamente la protección de derechos ni una cooperación penal efectiva, debido a vacíos legales, ambigüedades procesales y escasa armonización con los tratados internacionales. Por ello, se plantea la necesidad de promover reformas normativas que equilibren la soberanía estatal con las obligaciones internacionales, fortalezcan la coordinación institucional y garanticen un control judicial adecuado en los procesos de extradición.