Garantía constitucional de políticas públicas de alimentación y nutrición en el ámbito escolar, 2024

Abstract

La alimentación escolar constituye un derecho constitucionalmente protegido, vinculado al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, y al cumplimiento de principios como el interés superior del niño, la equidad y la no discriminación. En el contexto ecuatoriano, este derecho se ejecuta mediante políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Educación y otras entidades del Estado, cuyo objetivo es garantizar una nutrición adecuada durante la etapa escolar. No obstante, diversos informes técnicos y datos estadísticos han evidenciado que dichas políticas presentan limitaciones en su cobertura, calidad nutricional, adaptabilidad cultural y mecanismos de control social, lo que plantea interrogantes sobre su eficacia real para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales en el entorno educativo. La presente investigación se enmarca en la línea de derecho constitucional y políticas públicas, y tuvo como objetivo general analizar la estructura de las políticas públicas de alimentación y nutrición en el ámbito escolar en Ecuador durante el año 2024, evaluando su alineación con el marco legal vigente y su aplicación efectiva. El estudio adoptó un enfoque cualitativo, utilizando técnicas como entrevistas semiestructuradas dirigidas a autoridades educativas, personal directivo y profesionales en nutrición, así como el análisis documental de normas jurídicas, planes estatales, datos oficiales y literatura académica especializada. Se aplicaron los métodos analítico, inductivo y exegético para interpretar tanto los testimonios como los fundamentos jurídicos y técnicos implicados. Desde el punto de vista teórico, la investigación se apoyó en los principios del derecho a la alimentación, la corresponsabilidad estatal frente a los derechos sociales, y la función garantista de las políticas públicas en contextos de vulnerabilidad. Los hallazgos permitieron verificar que, aunque el diseño normativo es formalmente adecuado, persisten obstáculos estructurales y administrativos que impiden garantizar plenamente este derecho en la práctica.