El derecho a la defensa en el procedimiento directo contemplado en el Art. 640 del COIP. Santa Elena 2022.

Abstract

El derecho a la defensa es un principio fundamental, reconocido por ser esencial de toda persona para defenderse dentro de un juicio de cualquier índole en que se le imputan cargos. El presente trabajo de investigación busca analizar el procedimiento directo contemplado en el Art. 640 del COIP y ante su aplicación determinar la vulneración del derecho a la defensa por la falta de tiempo en la búsqueda de los medios probatorios y diligencias afines de la Provincia de Santa Elena. Los investigadores han abordado doctrina que aportan al estudio de la investigación y a los lectores, a través de la teoría de autores como Wilmo y Jorge Soxo quienes en su libro de Derecho Procesal Penal plantean el derecho a la defensa como aquella que está constituida por el conjunto de garantías, facultades y derechos de los individuos que se encuentran en un proceso penal, las mismas que son otorgadas por la normativa vinculante como instrumentos internacionales, la Ley y la Constitución. A su vez, se aplicó métodos de investigación como el científico permitiendo formular hipótesis y objetivos, el analítico que estudia la naturaleza, causas y efectos del tema puesto a investigación y el método deductivo que va de la generalidad para llegar a la particularidad del objeto de estudio, además se aplicó las técnicas de investigación tales como encuestas y entrevistas a los abogados, fiscales y jueces de la Provincia de Santa Elena. Siendo estos métodos y técnicas acordes al diseño de investigación por el uso del enfoque cualitativo que describe el fenómeno existente con relación a la vulneración del derecho a la defensa dejando en estado de indefensión al procesado por aplicar el procedimiento directo que tiene como bases la celeridad procesal. Este proyecto investigativo sirve como fuente para los posteriores investigadores, estudiantes y abogados, siendo una guía para que el legislador eficazmente reforme este artículo establecido en el Código Orgánico Integral Penal para de esta forma garantizar el derecho a la defensa del ciudadano que está bajo el poder punitivo del Estado.