Determinación de responsabilidad para el ejercicio de la acción de repetición derivada de un examen especial de la Contraloría General del Estado

Abstract

La presente investigación analiza la determinación de responsabilidad para el ejercicio de la acción de repetición derivada de exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado en Ecuador. El problema central radica en que, aunque la Contraloría determina responsabilidades civiles mediante estos exámenes, persiste una brecha crítica entre el control administrativo y el proceso judicial la ausencia de mecanismos procesales claros que permitan establecer con precisión el grado de dolo o culpa grave de los servidores públicos, sumado a la falta de identificación individualizada de los responsables, requisito esencial para la admisibilidad de la acción de repetición según la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. Esta situación genera consecuencias graves para el patrimonio público. El Estado paga millones en reparaciones por daños causados por funcionarios públicos, pero no logra recuperar estos valores porque los informes de examen especial frecuentemente emplean lenguaje genérico como "las autoridades competentes" o "los funcionarios responsables", imposibilitando identificar nominalmente al servidor individual contra quien debe dirigirse la demanda judicial. Sin esta identificación precisa, las acciones de repetición son inadmitidas. El objetivo general es identificar los requisitos jurídicos y procedimentales necesarios para el ejercicio efectivo de la acción de repetición. Mediante análisis documental-normativo y revisión jurisprudencial de la Constitución, LOCGE, LOGJCC, COA y doctrina especializada, se examina cómo se determinan responsabilidades en exámenes especiales y por qué las acciones de repetición frecuentemente no prosperan. Los resultados evidencian que existe desconexión estructural entre lo que el examen especial produce como determinación administrativa y lo que el proceso judicial exige como prueba de responsabilidad individual. Se concluye que es imperativa una reforma metodológica de los procedimientos de auditoría y una reforma normativa que establezca criterios claros para identificar responsables y determinar el grado de culpabilidad, cerrando así la brecha que impide recuperación efectiva del patrimonio público y la impunidad administrativa ecuatoriana.