Art. 21 del Código Orgánico Administrativo: la ética y probidad en la administración pública en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Salinas.

Abstract

El presente trabajo investigativo, la ética y probidad en la administración pública, tiene como problemática los diversos cuestionamientos de corrupciones derivados del comportamiento de las y los servidores públicos, en la trasparencia del ejercicio de sus funciones, dentro de las instituciones públicas, derivados de actos u omisiones que conllevan una conducta atípica, en tal sentido el concepto de aplicación de la ética y probidad se instaura como un comportamiento transparente , pero no define exhaustivamente su ámbito de aplicación en la norma, esta falta de definiciones claras dificulta la aplicación uniforme de la normativa interna, abriendo la puerta a subjetividades que podrían perjudicar la transparencia y justicia, en las instituciones públicas conforme al marco normativo de lo estipulado en el Código Orgánico de Organización Territorial en los Art. 323, 324, y Ley Orgánica de servicio público, LOSEP. El objetivo es analizar los límites y alcances del Art. 21 del Código Orgánico Administrativo referente al principio de Ética y Probidad, para la valoración de los desafíos, límites y sanciones de los funcionarios dentro de la administración pública en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Salinas. La metodología de la investigación es exploratoria, con diseño de investigación cualitativo que permite una revisión jurídica doctrinaria, cuyo enfoque determinará la importancia documental en las teorías filosóficas de la ética kantiana y neoplatonismo, con técnicas de entrevistas dirigidas a una población no probabilística por conveniencia, en razón de los actores directos del objeto de la investigación como las funciones del GAD de Salinas, que permitió validar a través del tratamiento de la información, la idea a defender del presente trabajo, orientado a la línea de investigación de estado y administración pública que responde a la funcionalidad de la normativa jurídica, vigente a fin que se garantice los derechos de las y los servidores públicos.