Principio del desarrollo sostenible en el derecho ambiental ecuatoriano, 2025.

Abstract

En la presente investigación aborda de manera integral y critica el principio del desarrollo sostenible en el derecho ambiental ecuatoriano,2025, evaluando su incorporación legal y su aplicación práctica real. Además, el objetivo principal consiste en examinar pormenorizadamente cómo dicho principio se encuentra plasmado en la Constitución de 2008, en el Código Orgánico del Ambiente, en las normas complementarias aplicadas a sectores ambientales específicos y en diversos tratados y acuerdos internacionales ratificados por el país, tales como la Agenda 2030 que Ecuador tiene que cumplir con estos objetivos que se encuentra el Plan de Desarrollo del Nuevo Ecuador para los años 2024 y 2025. Se empleó una metodología cualitativa de corte descriptivo interpretativo, sustentada en revisión documental y entrevistas a conocedores de esta materia ambiental, como funcionarios públicos y especialistas, cual permitió revelar la percepción institucional sobre su operatividad y las limitaciones existentes en su aplicación. El marco teórico contextualiza los antecedentes históricos y la evolución conceptual de la sostenibilidad, enfatizando sus tres dimensiones económica, social y ambiental, así como los principios que la sustentan: equidad, participación, precaución y responsabilidad intergeneracional. A nivel jurídico se constata que Ecuador dispone de un marco normativo sólido que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y establece obligaciones concretas de protección, aunque persisten desafíos en la implementación efectiva y el acceso a la justicia ambiental. Los resultados evidencian que, pese a la existencia de instrumentos de planificación, en la práctica subsisten debilidades institucionales, duplicidad de competencias, escasos recursos técnicos y falta de mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas. Finalmente, se concluye que la aplicación del principio aún enfrenta obstáculos estructurales que limitan su eficacia, por lo que se proponen recomendaciones integrales para fortalecer la gestión ambiental, entre ellas capacitar a los servidores públicos, promover la educación ambiental comunitaria, consolidar sistemas de indicadores de cumplimiento y articular coherentemente legislación, política pública y acción local.