Marcas registradas: cancelación por falta de uso en el derecho comparado de las legislaciones de Ecuador, Argentina y España, 2025

Abstract

La presente investigación analiza la figura de la caducidad de marcas por falta de uso en los sistemas jurídicos de Ecuador, Argentina y España. El problema central reside en cómo este mecanismo, diseñado para liberar signos distintivos ociosos, presenta notables divergencias normativas que generan inseguridad jurídica para empresas que operan en estos mercados. El estudio busca identificar estas diferencias sustanciales en plazos, cargas probatorias y efectos jurídicos, con el objetivo de evaluar su impacto en el equilibrio entre la protección del titular y la competencia en el mercado. La relevancia del tema radica en la creciente globalización comercial, donde las marcas trascienden fronteras, pero su protección enfrenta marcos legales disímiles. Para empresas y emprendedores, comprender estas diferencias es crucial para diseñar estrategias de protección efectivas. La investigación se sustenta en el análisis comparado de los sistemas legales, examinando sus constituciones, leyes de marcas y normativa comunitaria aplicable. El marco metodológico combinó el análisis doctrinal con la comparación jurídica sistemática. Se utilizó la técnica de contraste normativo para identificar convergencias y divergencias en los tres ordenamientos, complementada con el estudio de jurisprudencia representativa. Las normas centrales analizadas incluyen la Ley 17/2001 española, la Ley 22.362 argentina y el COESC con la Decisión 486 en Ecuador. Los resultados demuestran que Ecuador posee el sistema más estricto con solo tres años para configurar la caducidad, mientras España y Argentina establecen cinco. Sin embargo, los tres sistemas coinciden en imponer la carga de la prueba al titular. Las conclusiones revelan que estas diferencias impactan directamente en la seguridad jurídica de los titulares y en el dinamismo de los respectivos mercados, recomendándose una mayor armonización normativa que beneficie el comercio internacional sin desproteger los derechos de propiedad industrial y favorezca la seguridad jurídica de los inversores.