Estudio comparado del régimen sancionador en el sistema notarial en Ecuador, Perú y Venezuela, 2025

Abstract

El régimen sancionador en el sistema notarial forma parte del Derecho Administrativo Sancionador, rama del derecho público que regula la potestad del Estado para sancionar a los funcionarios por incumplir sus deberes. En el ámbito notarial, esta potestad busca garantizar la ética, legalidad y eficiencia en una función de naturaleza pública. En Ecuador, Perú y Venezuela, los notarios cumplen un papel esencial en la autenticación de actos y contratos, por lo que su correcta actuación exige normas rigurosas y sistemas disciplinarios eficaces. El análisis se sustenta en teorías de control institucional, responsabilidad administrativa y principios como legalidad, tipicidad, proporcionalidad y debido proceso. El estudio adoptó un enfoque cualitativo, descriptivo y comparado, mediante el análisis de leyes notariales, reglamentos, códigos de ética y resoluciones disciplinarias vigentes en los tres países. Además, se consultaron informes oficiales y entrevistas con expertos jurídicos. La metodología comparativa permitió identificar semejanzas y diferencias en cuanto a causales de sanción, procedimientos, órganos competentes y tipos de sanciones, considerando normas actualizadas hasta 2024 para garantizar la validez de los resultados. Los hallazgos muestran avances significativos, aunque con marcadas diferencias. En Ecuador, el Consejo de la Judicatura ejerce una supervisión estructurada, con procedimientos definidos y sanciones proporcionales. En Perú, la Ley del Notariado otorga a la Junta de Decanos funciones de control, aunque persisten dificultades en la ejecución de sanciones. En Venezuela, el sistema es más centralizado y dependiente del Ejecutivo, con limitada autonomía y debilidad institucional. Se concluye que, aunque los tres países buscan proteger la legalidad y sancionar malas prácticas, difieren en eficacia y transparencia. Ecuador presenta el modelo más operativo; Perú, avances normativos con vacíos prácticos; y Venezuela, mayores desafíos institucionales. Fortalecer la autonomía de control, actualizar normas y capacitar notarios son medidas esenciales para consolidar la confianza pública en la función notarial.