Perjuicio al estado en la aplicación del procedimiento abreviado en los delitos contra la eficiencia de la administración pública, 2021

Abstract

El presente trabajo de investigación se desarrolló con el fin de determinar el perjuicio al estado, en la aplicación del procedimiento abreviado en los delitos contra la eficiencia de la administración pública, específicamente en el delito de enriquecimiento ilícito. El detrimento del delito antijurídico de enriquecimiento ilícito por parte de los servidores públicos o privados, giran alrededor de dos problemáticas, como la malversación de los fondos públicos del estado y la aplicabilidad del uso del procedimiento abreviado, para obtener beneficios como rebajas de pena. El trabajo busca analizar diferentes criterios obtenidos, mediante el levantamiento de información de profesionales del derecho, para la determinación del perjuicio que existe al estado. Entre los abordajes que presenta el informe se observan temas inherentes, que van desde la doctrina de un sistema judicial, principio de celeridad, principio de proporcionalidad, deberes del estado, administración pública y nivel de corrupción en el país y reparación integral. Es por ello que para llegar a la validación de la idea a defender, se pusieron de manifiesto métodos y técnicas de investigación, como el método deductivo y analítico, aplicados en la interpretación de análisis de opiniones recolectadas mediante encuestas y entrevistas realizadas a jueces, fiscales y abogados en libre ejercicio de la provincia de Santa Elena, respecto a la problemática. El trabajo investigativo se encuentra revestido de importancia por el aporte que hace al mundo de las ciencias jurídicas, brindando una mirada diversa en torno al ejercicio efectivo del deber del estado, al brindar a los ciudadanos la garantía de vivir en un país libre de corrupción. Entre las conclusiones más relevantes se puede señalar que dentro del Código Orgánico Integral Penal deberían existir penas más fuertes, para edificar un mandato jurídico de sentido justo y útil al momento de determinar una sentencia, garantizando así, los deberes constitucionales del Estado.