Procesos coactivos de CNT: la notificación y la garantía del debido proceso. Art. 76, num. 7, lit. a. de la Constitución de la República del Ecuador

Abstract

El abuso del derecho dentro un procedimiento cuando no se recibe notificación provoca nulidad con el presente estudio, que se analiza si se cumple o no la notificación en legal y debida forma dentro de los procesos coactivos, iniciados por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, entendida como una garantía esencial del debido proceso y del derecho a la defensa, conforme a lo establecido en el artículo 76 numeral 7 literal a) de la Constitución de la República del Ecuador. La investigación parte de la premisa de que el ejercicio de la potestad coactiva, si bien constituye una facultad legítima de la administración pública, esta no debe de obviar la norma constitucional que hace referencia de la existencia de normas previas y claras para todo procedimiento asegurando la protección efectiva de los derechos fundamentales de los administrados. En este contexto, la notificación se configura como un elemento estructural del procedimiento, debido a que permite al administrado conocer de manera real, oportuna y verificable las actuaciones administrativas que inciden en su esfera jurídica. Su omisión o ejecución defectuosa no solo afecta la validez formal del procedimiento, sino que genera escenarios de indefensión material que comprometen la seguridad jurídica y la tutela administrativa efectiva con un resultado jurídico de nulidad. La metodología aplicada se sustenta en el enfoque cualitativo, direccionada en una investigación normativa y jurisprudencial vigente que guarda relación con mi propuesta relacionada con los procedimientos coactivos. De la misma forma se utilizó el método exegético, sistemático y analítico los que permitieron interpretar el alcance de las normas aplicables, comprender su integración dentro del ordenamiento jurídico y examinar la forma en que la notificación incide en la garantía del debido proceso. Con este trabajo se reflexiona críticamente sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de la notificación como condición indispensable para legitimar el ejercicio de la potestad coactiva del Estado, considerando que una adecuada comunicación previa no solo protege el derecho a la defensa del administrado, sino también contribuye a una gestión pública más eficiente, transparente y respetuosa del orden constitucional.