Caducidad de competencia de la potestad sancionadora, Art. 230 y 231 de la ley Orgánica de Salud, 2024

Abstract

El presente trabajo de investigación se orienta al análisis de la caducidad de la potestad Sancionadora regulada en los Artículos 230 y 231 de la Ley Orgánica de la Salud, que establecen un término de cinco días de no haberse abierto término de prueba, o una vez fenecido el mismo, para que la autoridad competente emita la respectiva resolución administrativa. La problemática central radica en que, a diferencia del Código Orgánico Administrativo, la Ley Orgánica de la Salud no establece expresamente las consecuencias jurídicas cuando una autoridad sanitaria emite resoluciones fuera del término legal ni la supletoriedad expresa del COA en la sustanciación de procedimiento. Teniendo como finalidad determinar si este término configura la caducidad de la competencia de la autoridad administrativa sanitaria. La importancia del tema radica en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso en los procedimientos sancionadores en materia de salud. El diseño investigativo se desarrolló con enfoque cualitativo, mediante investigación exploratoria aplicando los métodos: exegético, analítico y deductivo, con técnicas de análisis documental y entrevistas a expertos de la materia, lo que permitió contrastar las perspectivas de los abogados especialistas en derecho administrativo y de las autoridades sanitarias. La fundamentación teórica, abordó conceptos como legitimación del ius puniendi, principios administrativos de juridicidad, eficiencia, proporcionalidad y seguridad jurídica, así como elementos constitutivos y la nulidad de los actos administrativos. Por lo que, se evidenció que el término establecido es perentorio, y su incumplimiento materializa la caducidad de la potestad sancionadora y produce la pérdida de la competencia de la autoridad sanitaria, generando nulidad de pleno derecho en los actos administrativos extemporáneos. Adicionalmente, se identificó que la ley contraviene preceptos constitucionales al concentrar en la misma autoridad las facultades instructora y resolutoria, comprometiendo el principio de imparcialidad del procedimiento administrativo sancionador y derechos de los administrados.