Resumen:
La Constitución de la República del Ecuador 2008, es un garantista de derecho que consagra garantías jurisdiccionales que son protegidos de una manera rápida, sencilla y eficaz, así lo establece el Art 86 de la misma. La Acción de Protección es la garantía que se presenta cuando se vulnera o existe una omisión de un
derecho fundamental como lo establece el Art. 88 de la Carta Magna. Los profesionales del derecho tienen la gratuidad al momento de presentar demandas en las acciones que se consideren pertinentes, pero actualmente existe un exceso de carga procesal en las acciones de protección debido a que no agotan todas las instancias necesarias antes de incurrir a esta garantía. El abuso de derecho se ve contemplado en el Art.23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional donde señala que el juez tiene la facultad correctiva y coercitiva de emitir sanciones a quienes interpongan acciones simultaneas de un
mismo acto o desnaturalicen la normativa. En el presente análisis jurídico, se observa que la efectividad de la aplicación de la norma se ve comprometida desde una perspectiva correctiva debido a la falta de determinación de las sanciones por el abuso del derecho. Esta carencia deja la responsabilidad de la interpretación y el análisis de las consecuencias en manos de los jueces, sin establecer precedentes claros de dicho comportamiento. En la práctica legal, el conocimiento y la retroalimentación juegan un papel crucial, permitiendo a los abogados mantenerse actualizados sobre información relevante. Aunque existen herramientas jurisprudenciales emitidas por la Corte Constitucional, aún falta establecer una ley clara mediante la ejecución de sanciones significativas contra aquellos que abusan del derecho. Esto garantizará el cumplimiento de la normativa vigente y ofrecerá una guía precisa a los profesionales del derecho sobre las consecuencias legales de sus acciones.
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