Resumen:
La presente investigación aborda el análisis crítico de la consulta prelegislativa en Ecuador, enfocándose en la Sentencia No. 4515IN/22 de la Corte Constitucional. Mediante un enfoque cualitativo, se examinan las dimensiones legales, políticas, éticas de la consulta prelegislativa, su implementación de la normativa nacional e internacional. Se destaca la relevancia de este mecanismo para asegurar la participación efectiva de las comunidades indígenas en el proceso legislativo, y se analizan las repercusiones de su inobservancia. El estudio proporciona un análisis exhaustivo de la mencionada sentencia, considerando su impacto en la legislación ecuatoriana y las prácticas asociadas a la consulta prelegislativa. Se identifican las principales deficiencias en la aplicación de este derecho, subrayando la necesidad de una normativa específica que regule el proceso de consulta. Además, se propone un marco de medidas de reparación y compensación para las comunidades afectadas, así como recomendaciones para mejorar la implementación futura de las consultas prelegislativas. Estas medidas incluyen la creación de mecanismos de monitoreo independiente y la promoción de una mayor transparencia en el proceso legislativo. La investigación concluye que la consulta prelegislativa es esencial no solo para el cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales de Ecuador, sino también para la promoción de una democracia más inclusiva y participativa. Al garantizar que las voces
de las comunidades indígenas sean escuchadas en el proceso de formulación de leyes, se fortalece el respeto por los derechos humanos y se fomenta un desarrollo legislativo más equitativo y sostenible. En este contexto, la Sentencia No. 4515IN/22 se presenta como un hito en la jurisprudencia ecuatoriana, ofreciendo una oportunidad para reflexionar sobre las prácticas actuales y avanzar hacia una mejor implementación de la consulta prelegislativa en el futuro. La investigación sugiere que la correcta aplicación de la consulta prelegislativa puede contribuir significativamente a la construcción de marco legislativo más justo de la diversidad cultural y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.