Apelación o impugnación de los traslados en el sistema de rehabilitación social del Ecuador

Abstract

El presente trabajo denominado apelación o impugnación de los traslados en el sistema de rehabilitación social del Ecuador, tiene como objetivo analizar el proceso de apelación de traslados en el sistema penitenciario ecuatoriano, centrándose en su marco normativo y en la efectividad de este recurso como garantía de los derechos de las personas privadas de libertad. Se establece que los traslados son decisiones administrativas, esta responsabilidad está a cargo del Servicio nacional de atención integral a personas adultas privadas de la libertad y a adolescentes infractores (SNAI). Mediante la investigación deductiva se conocerá cuán efectiva resulta plantear una apelación de esta clase, y si efectivamente estos traslados se realizan fundamentados en razones de: seguridad, hacinamiento, salud o cercanía familiar como en sentido general dispone la normativa para ese efecto. Estos traslados pueden ser impugnados ante los jueces de garantías penitenciarias si el afectado considera que dicho traslado es considerado injusto o arbitrario. A partir de la revisión de 10 procesos judiciales de apelación de traslados penitenciarios resueltos en el año 2021, se observó que el 60% de las solicitudes fueron aprobadas y el 40% negadas. Las principales razones para conceder la apelación, fueron la falta de motivación en las decisiones administrativas y la vulneración de derechos, como el acceso a salud o la cercanía familiar. En contraste, las apelaciones rechazadas se basaron en factores como la falta de infraestructura adecuada en el centro de rehabilitación social, cuando existan riesgos para el centro carcelario o eventuales riesgos a la seguridad del interno. El estudio concluye que, aunque el recurso de apelación es un mecanismo fundamental para la defensa de los derechos de los reclusos, su efectividad depende de la solidez de los argumentos presentados y de la correcta aplicación de la normativa penitenciaria. Además, se resalta la necesidad de fortalecer la transparencia en los traslados y mejorar las condiciones carcelarias para garantizar un proceso justo y eficiente.