Procesos constitucionales para la protección de los derechos de los trabajadores del sector público.

Abstract

En octubre de 2008 se puso en vigencia la nueva Constitución de la República del Ecuador, en la que se introducen cambios sustanciales y definitivos en el reconocimiento de los derechos, su sistema de protección y en la estructura del Estado ecuatoriano. Debemos ponderar que la justicia constitucional es una herramienta eficaz e idónea para hacer realidad las exigencias del texto constitucional, para asegurar la vigencia del principio democrático y para controlar eficazmente la actividad de los poderes públicos y de los particulares, especialmente cuando se vulneran o atropellan derechos garantizados en la Carta Constitucional. Los trabajadores del sector público, especialmente aquellos del régimen autónomo descentralizado, como los gobiernos municipales, parroquiales y provinciales que no están amparados por sistemas de contratación que aseguren su permanencia fuera de las instancias de los cambios de administración, son colectivos que están en la zozobra de su permanencia laboral, lo cual evidentemente es una violación a los procesos laborales y constitucionales propiciados desde el nivel ejecutivo de aquellos niveles de gobierno. Para tales efectos, deben de existir recursos sencillos y rápidos ante los jueces y tribunales competentes que les permitan amparar a dichos servidores frente a actos u omisiones que amenacen o violen sus derechos. El desconocimiento de estos argumentos jurídicos atenta contra la seguridad jurídica de dichos empleados