Repositorio Universidad Estatal Península de Santa Elena
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Recent Submissions
El alcohotest como herramienta jurídica en la tipificación de infracciones de tránsito en Ecuador
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-06-08) Vásquez Carpio, William Darwin; Astudillo Orellana, Washington Rene
El presente estudio investiga la eficacia y validez probatoria del alcohotest en la tipificación y juzgamiento de las infracciones de tránsito en Ecuador. La conducción bajo los efectos del alcohol constituye una de las principales causas de siniestros viales, lo que exige herramientas legales eficaces para su sanción. El alcohotest se halla estipulado en el Art. 385 del Código Orgánico Integral Penal, esta norma establece la consecuencia jurídica, pena, conforme a una escala que categoriza los niveles de alcohol en la sangre, constituyéndose así está técnica en el elemento probatorio principal en el procedimiento directo de contravenciones. El estudio se fundamenta en el análisis documental y normativo de la legislación ecuatoriana y la jurisprudencia. Los hallazgos principales demuestran que, si bien, el alcohotest es el elemento determinante y crucial para la configuración de la tipicidad entre la acción y la tipificación contenida en el Art. 385 del COIP, su validez procesal se debate cuando existe coacción en su aplicación o falta de acreditación técnico-científica de la calibración del equipo utilizado por el agente. Es imperante la profundización de otras aristas normativas que giran en torno al alcohotest, tal es el caso de la presunción legal de culpabilidad ante la negativa del conductor de someterse al examen, sugiriendo encontrarse el sujeto activo en el máximo grado de embriaguez, afectando el principio de presunción de inocencia. Se concluye que el alcohotest es una herramienta indispensable, pero su aplicación requiere protocolos más rigurosos que garanticen plenamente el debido proceso y la seguridad jurídica
Jubilación y envejecimiento digno: desafíos procesales ante la extensión de la vida laboral obligatoria
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-06-08) García Méndez, Kiara Shylene; Reyes Tomalá, Brenda Amparito
El envejecimiento poblacional constituye uno de los principales desafíos sociales, económicos y jurídicos del siglo XXI, especialmente para los sistemas de seguridad social. En el Ecuador, la tendencia hacia la extensión de la vida laboral obligatoria se ve agravada por deficiencias
normativas, administrativas y procesales que dificultan el acceso oportuno a la jubilación, afectando directamente el derecho al envejecimiento digno de las personas adultas mayores. El objetivo de la presente investigación es analizar los desafíos procesales que enfrenta el derecho a la jubilación en el Ecuador, desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos. El estudio adopta un enfoque cualitativo, con alcance descriptivo y analítico, mediante revisión documental de normativa nacional e internacional, jurisprudencia constitucional y literatura académica especializada, así como entrevistas semiestructuradas a expertos. Los resultados evidencian la existencia de demoras injustificadas en la tramitación de las solicitudes de jubilación, derivadas de exigencias documentales excesivas, retrasos en la verificación administrativa y ausencia de plazos claros para la resolución de los trámites, lo que genera una prolongación involuntaria de la vida laboral. Se concluye que estas falencias constituyen una vulneración indirecta al envejecimiento digno, recomendándose adecuaciones normativas y procedimentales orientadas a garantizar una jubilación oportuna, humana y respetuosa de la dignidad.
Influencia del derecho internacional en el bloque de constitucionalidad ecuatoriano
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-06-08) Guerra Lema, Manuel De Jesús; Ron Erráez, Ximena Patricia
La amplia variedad de normas jurídicas que se encuentran formalmente establecidas dentro del ordenamiento jurídico no refleja la totalidad de las normas aplicables en el Ecuador; luego entonces, tenemos
normas supraconstitucionales que sin encontrarse inmersas en el ordenamiento jurídico están presentes y son susceptibles de aplicarse. Quizás resulte curioso y de gran interés para el público en general, así como para los profesionales en derecho, ya sea en libre ejercicio o servidores públicos de la función judicial, entre Jueces, Secretarios y Ayudantes. El Ecuador no es un Estado aislado, no puede existir una soberanía solitaria y sin intercambio de productos o normativas, no podemos convivir aislados de los demás Estados; de esta manera, las resoluciones, las sentencias y los laudos arbitrales de los demás Estados, no pasan desapercibidos para el resto de naciones. Pero, ¿Qué tanto conoce la población del bloque de constitucionalidad, y qué grado de eficacia tiene en el ordenamiento ecuatoriano? fue aquella curiosidad que motivó esta investigación y para ello se escogió una muestra tanto del personal de servidores públicos de la función judicial del cantón Paute de la provincia del Azuay, así como de abogados y abogadas en libre ejercicio de la misma jurisdicción.
Control político y soberanía popular: Remoción de dignatarios como expresión de las tensiones entre legalidad y legitimidad
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-06-08) Salas León, Darwin Marcelo; Reyes Tomalá, Brenda Amparito
El estudio analizó el ejercicio del control político a través de la remoción de autoridades de elección popular especialmente en el ámbito de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) con el objetivo de examinar su aplicación conforme a la legalidad y legitimidad democrática, para su investigación se aplicó un enfoque cualitativo a través del análisis de entrevistas aplicadas a los actores que formaron parte fundamental del proceso y un grupo focal integrado por profesionales del derecho, asimismo, se analizó el expediente administrativo y el contenido de fuentes normativas como la Constitución de la República del Ecuador y el COOTAD. La revisión facilitó constatar que el procedimiento de remoción fue activado mediante la petición de un ciudadano; no obstante, su tramitación tuvo deficiencias en el procedimiento, saltándose etapas importantes para su aplicación práctica. De igual forma, se verificó que, pese a que su tramitación concluyó con el archivo del expediente, se identificaron un sinnúmero de irregularidades que llevaron a una instrumentalización del mecanismo de control político. Finalmente, el estudio revela que la aplicación del procedimiento de remoción genera tensión entre legalidad y legitimidad, lo que permite advertir el requerimiento de optimizar prácticas jurídicas e institucionales que protejan el debido proceso y el respeto al mandato designado por votación popular.
Barreras procesales para el acceso a la justicia de trabajadores del sector informal en Ecuador
(La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026, 2026-06-08) Fiallos Fiallos, Gabriela Victoria; Ochoa Rodríguez, Guillermo
Aunque Ecuador se define constitucionalmente como un Estado de derechos y justicia, la efectividad real de estas garantías no se materializa de manera uniforme en todos los sectores sociales. En el ámbito laboral, los trabajadores del sector informal enfrentan una desconexión significativa entre el reconocimiento normativo de sus derechos y su posibilidad real de exigirlos judicialmente. El presente estudio analiza las barreras procesales que limitan el acceso a la justicia laboral de este grupo, partiendo de la hipótesis de que el diseño actual del proceso laboral ecuatoriano responde principalmente a la lógica del empleo formal. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con alcance exploratorio y explicativo, utilizando los métodos dogmático-jurídico y hermenéutico para el análisis sistemático de la Constitución, el Código del Trabajo, el Código Orgánico General de Procesos y la jurisprudencia relevante. Los resultados evidencian que el predominio de exigencias documentales, la carga probatoria desproporcionada, los costos económicos del litigio, la duración de los procesos y las limitaciones estructurales de la defensa pública constituyen barreras que afectan directamente el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de igualdad material. Se concluye que el sistema procesal laboral requiere una revisión estructural orientada a la justicia material, que incorpore una flexibilización probatoria reforzada y una aplicación rigurosa del principio de primacía de la realidad, a fin de evitar que el formalismo procesal perpetúe la exclusión jurídica de los trabajadores informales.