Principio de uniformidad de criterio judicial en sentencias de primera instancia referentes a la jubilación patronal en la provincia de Santa Elena año 2020-2023.

Abstract

Esta investigación analiza el principio de uniformidad de criterio judicial en las sentencias de primera instancia referentes a la jubilación patronal en la provincia de Santa Elena durante el período 2020-2023. La problemática surge de la existencia de criterios dispares en la interpretación y aplicación de la normativa sobre jubilación patronal, lo que afecta la seguridad jurídica y los derechos de los trabajadores jubilados. El estudio se fundamenta en un marco teórico que abarca los principios fundamentales del derecho laboral, la naturaleza jurídica de la jubilación patronal y mecanismos de unificación de criterios judiciales establecidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. A través de un estudio cualitativo-exploratorio, se examinaron cinco sentencias representativas de la unidad Judicial Civil con sede en el cantón Santa Elena, complementadas con entrevistas a jueces y abogados especialistas en la rama laboral. La metodología empleada permitió identificar patrones en la toma de decisiones judiciales y evaluar el impacto de la falta de uniformidad en la tutela efectiva de los derechos laborales. Los resultados demuestran que esta falta de uniformidad afecta la predictibilidad de las decisiones judiciales y la tutela efectiva de los derechos laborales, generando inseguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores. Revelando una significativa divergencia en la aplicación de criterios judiciales, particularmente en aspectos como la interpretación del mandato Constituyente No. 2, el cálculo de beneficios jubilares y la aplicación de ordenanzas municipales para el pago de jubilados del sector público. Los hallazgos sugieren que las principales causas de esta problemática son la insuficiente capacitación judicial especializada y se concluye que es necesario fortalecer los mecanismos de capacitación judicial, implementar sistemas de seguimiento de precedentes y promover espacios de diálogo entre operadores de justicia para garantizar una interpretación uniforme de la normativa laboral, asegurando así la protección efectiva de los derechos de los trabajadores jubilados.