Responsabilidad penal de la persona jurídica en torno al oficial de cumplimiento en la legislación española, peruana y ecuatoriana.

Abstract

La presente investigación tiene como objetivo general analizar todo lo que conlleva la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Ecuador, para lo cual se plantean comparaciones con las legislaciones de España y Perú, donde existen sistemas normativos más consolidados como la normativa de cumplimiento y la figura del oficial de cumplimiento. El marco teórico se centra en la evolución histórica y dogmática de la persona jurídica, el desarrollo de su imputabilidad penal y la tarea preventiva de las normas de cumplimiento, también se analiza la normativa penal comparada entre España, Perú y Ecuador. La metodología empleada es cualitativa, con enfoque dogmático-jurídico y diseño no experimental, basada en el análisis de fuentes doctrinarias, normativas y jurisprudenciales, aplicando el método comparativo para evidenciar diferencias y vacíos normativos. La importancia de este estudio radica en que visibiliza la falta de regulación integral de la responsabilidad penal de la persona jurídica en Ecuador. La trascendencia del trabajo se demuestra en su aporte teórico a la construcción de un criterio específico para regular la imputabilidad empresarial, basado en modelos internacionales. El contenido comprende desde la tipificación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, el análisis del artículo 31 bis del Código Penal español hasta el artículo 105- A del Código Penal peruano, mostrando cómo en dichos países se incluyen modelos de prevención del delito, valoración de agravantes y medidas eximentes. Se estudia el compliance como herramienta de control interno y el rol del oficial de cumplimiento como figura fundamental en la autorregulación empresarial. Esto demuestra un marco en el que Ecuador reconoce la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero carece de una regulación tanto técnica como preventiva a diferencia de los sistemas español y peruano, en este sentido se limita la eficacia del control empresarial en el ámbito penal.