Primacía de la realidad en el ámbito del principio de obligatoriedad de administrar justicia declarado en el Art 28 del Código Orgánico de la Función Judicial

Abstract

La presente investigación examina la interrelación entre el principio de primacía de la realidad y el principio de obligatoriedad de administrar justicia, establecido en el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial, analizando la correcta aplicación de los principios que determina el mencionado código para garantizar una justicia material, equitativa y coherente con los derechos laborales. El estudio parte de la premisa de que la interpretación restrictiva de dicho artículo ha limitado la búsqueda de la verdad material, ocasionando decisiones judiciales centradas en la forma y no en los hechos, lo que vulnera la eficacia de los derechos fundamentales y debilita la confianza ciudadana en la función judicial ecuatoriana. Esta situación evidencia un vacío normativo y una falta de uniformidad en los criterios de los jueces, que obstaculizan la consolidación de un sistema judicial transparente, garantista y orientado a la realidad social. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y documental, sustentado en la revisión doctrinaria, jurisprudencial y normativa, complementada con entrevistas a expertos en derecho laboral y funcionarios judiciales, con el propósito de contrastar la teoría con la práctica jurisdiccional. La fundamentación teórica se apoyó en los principios de justicia material, equidad, dignidad humana, verdad procesal y tutela judicial efectiva, los cuales orientan la función judicial hacia un modelo ético comprometido con la verdad. Se demostró que el fortalecimiento conjunto de ambos principios no solo eleva la calidad de las decisiones judiciales, sino que también promueve la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y la legitimidad institucional del poder judicial. En consecuencia, la investigación propone la incorporación expresa del principio de primacía de la realidad dentro de la legislación ecuatoriana, como una herramienta indispensable para garantizar la coherencia normativa y asegurar una justicia más humana, transparente y en armonía con la Constitución.