Influencia de los principios iura novit curia y de congruencia en el derecho a la defensa: sentencia 1009-21-EP/23

Abstract

La presente investigación analiza la incidencia del principio Iura Novit Curia y del principio de congruencia procesal en el derecho a la defensa dentro del proceso penal ecuatoriano, tomando como referencia la Sentencia No. 1009-21-EP/23 de la Corte Constitucional del Ecuador. Su importancia para las ciencias jurídicas radica en precisar los límites que deben observar los órganos jurisdiccionales cuando aplican el derecho, especialmente si la decisión modifica la calificación jurídica o el grado de participación penal sin que la persona procesada haya tenido oportunidad real de contradicción. De acuerdo con el protocolo de la Carrera de Derecho, el estudio se vincula con la línea de investigación Penal, por cuanto examina garantías procesales, atribución de responsabilidad penal, contradicción, congruencia y defensa dentro del juzgamiento penal. La fundamentación teórica se apoya en el sistema penal acusatorio, los principios Iura Novit Curia y congruencia procesal, el derecho a la defensa, la doctrina especializada, la normativa nacional e internacional aplicable y el procedente constitucional seleccionado. En cuanto a la metodología, la investigación adopta un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio y jurídico- documental; emplea los métodos analítico, inductivo y exegético; y utiliza como técnicas la revisión documental, el estudio de caso y la entrevista semiestructurada a un informante clave en materia penal. A partir de ello se sostiene que la potestad judicial de aplicar el derecho debe ejercerse respetando el principio de congruencia y las garantías del debido proceso a fin de evitar afectaciones al ejercicio de la defensa, fortalecer la coherencia de las decisiones judiciales y contribuir al desarrollo de criterios jurídicos que promuevan una adecuada actuación jurisdiccional conforme a los parámetros constitucionales y procesales vigentes, favoreciendo una interpretación que garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales y la legitimidad de las decisiones adoptadas por los órganos de administración de justicia.