La interpretación pro-actione en la corrección del cauce procesal constitucional: Desarrollo jurisprudencial 2021-2024

Abstract

La presente investigación resulta importante para las ciencias jurídicas, ya que la interpretación del principio pro-actione y la corrección del cauce procesal son instrumentos indispensables dentro del sistema constitucional, así permite al juez que realice la correcta protección de los derechos fundamentales por encima de los excesivos formalismos. Por ende, el trabajo se realizó con el método cualitativo, de tipo documental a nivel descriptivo, mediante un análisis detallado de la jurisprudencia de la Corte Constitucional del periodo del 2021-2024 del Ecuador y las fuentes doctrinales y normativas. La línea de investigación de este trabajo fue de “Derechos Humanos y de la Naturaleza” en materia constitucional, donde se examinó el uso del principio pro-actione en la corrección del cauce procesal conforme a la interpretación de sentencias basadas en la acción de protección en el Ecuador, mediante la jurisprudencia pronunciada por la Corte Constitucional en el periodo 2021-2024. La problemática se centró en la tensión existente entre el formalismo excesivo y garantizar la tutela judicial efectiva, donde no se ponga en sacrificio la seguridad jurídica y el debido proceso. Los resultados evidenciaron que la Corte Constitucional ha consolidado una línea jurisprudencial orientada a privilegiar el análisis de fondo sobre los formalismos procesales, permitiendo el uso del principio pro-actione, la corrección del cauce procesal mediante el marco normativo de la Constitución de la República del Ecuador, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se concluye, que el principio pro-actione es un recurso clave para la protección de derechos, cuando se aplique y fundamente bajo los criterios jurídicos, siendo estos un objeto de ayuda para equilibrar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y al ordenamiento jurídico, fortaleciendo la protección de derechos y aportando criterios que sean útiles para el fortalecimiento de las garantías jurisdiccionales.