Marcación con datos biométricos en el sector público, 2025

Abstract

El presente trabajo de investigación examina sobre la implementación de sistemas de marcación con datos biométricos en el sector público de la provincia de Santa Elena, centrándose en la evaluación de la protección de datos personales según el sistema normativo en Ecuador. El problema central radica en la insuficiencia de mecanismos formales y protocolos adecuados que garantizan la seguridad, confidencialidad y consentimiento informado de los servidores públicos al usar datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial para el control de asistencia laboral. El objetivo general es analizar la efectividad de la protección de datos personales en las instituciones públicas, principalmente en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y la Universidad Estatal Península de Santa Elena, con el objetivo de proponer recomendaciones para mejorar prácticas y disposiciones. La investigación se justifica en la necesidad de equilibrar la eficiencia administrativa con la garantía de derechos fundamentales establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, dada la alta sensibilidad de la información biométrica y los riesgos asociados a su uso. Las motivaciones para investigar surgen del reconocimiento del incumplimiento normativo y las evidencias empíricas recogidas mediante entrevistas a responsables de talento humano y tecnología, que revelan deficiencias en consentimiento, seguro almacenamiento y normativas internas. Teóricamente, el estudio se fundamenta en principios de protección de datos, anonimización y seudonimización, así como en estándares de seguridad informática del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI). Las técnicas principales fueron entrevistas estructuradas, análisis documental y revisión normativa. Como conclusión, se determina que existe un incumplimiento sistemático de las garantías legales para el manejo de datos biométricos, recomendándose la implementación de protocolos específicos, un consentimiento informado estandarizado y auditorías periódicas para asegurar la protección efectiva y el respeto a la privacidad de los funcionarios públicos.