Inhabilidades de peritos en el contexto de la celeridad procesal Art. 511 COIP

Abstract

La presente investigación aborda la incidencia que ejerce la prohibición de recusar a los peritos judiciales incursos en causales de inhabilidad prevista en el artículo 511 del COIP sobre la celeridad procesal en el procedimiento penal ecuatoriano, ante la interrogante de si dicho mecanismo de control garantiza la celeridad procesal o si, por el contrario, la compromete al limitar la oportuna contradicción sobre la idoneidad del perito, en este sentido, el objetivo general fue analizar la incidencia de dicha inhabilidad sobre la celeridad procesal para valorar el equilibrio entre la agilidad del procedimiento y las garantías del debido proceso, identificando los fundamentos doctrinarios y normativos de la inhabilidad pericial, contrastando su tratamiento en las legislaciones de Ecuador, Argentina y México, y determinando sus efectos a partir de la percepción de jueces y abogados penalistas, de este modo, la investigación se justifica en la necesidad de examinar una disposición poco abordada ofreciendo fundamentos para reducir tensiones con el debido proceso y la tutela judicial efectiva, a su vez, en el desarrollo teórico de la investigación, se realizó un breve recuento histórico de la prueba pericial, un estudio normativo comparado y una indagación doctrinaria en torno a su naturaleza jurídica, la imparcialidad del criterio técnico y los mecanismos de control. Metodológicamente, se adoptó un enfoque cualitativo de tipo exploratorio mediante guías de entrevista aplicadas a jueces y abogados especialistas en materia penal para comprender sus concepciones sobre la función pericial y la imparcialidad del criterio técnico, de esta manera se concluye que el mecanismo de control previsto en el artículo 511 Código Orgánico Integral Penal opera de manera tardía evidenciando que la prohibición de recusación, lejos de agilizar el proceso, compromete a la legitimidad del peritaje generando una desarmonización que exige una revisión legislativa y doctrinal orientada a preservar el debido proceso.