El realismo jurídico como límite del control constitucional ejercido por la Corte Constitucional del Ecuador como legislador de hecho, 2025

Abstract

Este trabajo analiza la función normativa ejercida por la Corte Constitucional del Ecuador mediante el estudio de sentencias sobre derechos fundamentales dictadas entre 2015 y 2025. La investigación busca determinar si la actividad interpretativa desarrollada por este órgano, examinada desde los postulados del realismo jurídico, se mantiene dentro de los límites propios del control constitucional o si, por sus efectos, produce consecuencias normativas que inciden en competencias atribuidas a la Función Legislativa y generan tensiones con el principio de separación de poderes. Con este propósito, se examinó la función normativa de la Corte y se identificaron los límites que el realismo jurídico impone al ejercicio de la jurisdicción constitucional. El estudio se desarrolló con enfoque cualitativo y alcances exploratorio, descriptivo y analítico. Se aplicaron los métodos exegético, analítico, deductivo y jurisprudencial, junto con la revisión de fuentes doctrinarias y normativas, el análisis sistemático de decisiones constitucionales, la elaboración de matrices y la realización de entrevistas a especialistas en derecho constitucional. El marco teórico abordó el realismo jurídico, la interpretación constitucional, el precedente, la separación de poderes y la función creadora del juez constitucional. El análisis jurisprudencial permitió establecer que varias decisiones de la Corte incorporan reglas generales y criterios de aplicación obligatoria que superan la solución del caso concreto y proyectan efectos sobre el ordenamiento jurídico. Las entrevistas respaldaron esta apreciación y evidenciaron los desafíos que dicha práctica plantea para el equilibrio entre las funciones del Estado. En consecuencia, se verificó que el realismo jurídico permite explicar el componente creativo de la interpretación constitucional; sin embargo, este ejercicio debe sujetarse a los límites establecidos por la Constitución para preservar la seguridad jurídica, el equilibrio institucional y la distribución de competencias, sin que la Corte sustituya al legislador ni altere el diseño constitucional de producción normativa previsto por el constituyente ecuatoriano.