El nexo causal entre prácticas de cobranzas extrajudiciales abusivas y daño moral en adultos mayores: estudio de caso No. 17230-2020-06209

Abstract

La dificultad para acreditar el nexo causal entre prácticas de cobranzas extrajudiciales abusivas y el daño moral ocasionado en adultos mayores, limita el acceso efectivo a la reparación integral de este grupo de atención prioritaria. El objetivo de la investigación fue identificar los criterios probatorios que aplican los jueces ecuatorianos para determinar dicho nexo causal, mediante análisis del proceso judicial No. 17230-2020- 06209, para establecer parámetros de valoración que fortalezcan la tutela judicial efectiva, permitiendo fortalecer la determinación del nexo causal y la reparación integral del daño moral, por la necesidad de reducir la brecha existente entre la protección Constitucional reconocida a los adultos mayores y su aplicación en los procesos judiciales. Este estudio se basó en la teoría de la responsabilidad civil extracontractual, también en fundamentos del daño moral, el nexo causal, la reparación integral y la protección reforzada de los grupos de atención prioritaria, con aportes doctrinarios y jurisprudenciales tanto nacional como internacional en relación con los derechos humanos. Metodológicamente, se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, diseño documental y un estudio de caso, empleando los métodos analíticos, deductivos y exegético. Como técnica de investigación se empleó el análisis documental, fichaje normativo y las entrevistas dirigidas a profesionales del derecho, por lo cual se utilizó como instrumento la guía de entrevista y ficha de análisis documental y citas. Los resultados evidenciaron que la aplicación de los criterios probatorios aplicados dificulta la demostración del nexo causal entre las cobranzas abusivas y el daño moral ocasionado, lo que limitan el acceso a la reparación integral. Por lo que fue necesario implementar parámetros probatorios especializados para permitir una valoración integral de la prueba psicológica y una flexibilización de la carga probatoria con personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, para garantizar una justicia efectiva y acorde con los principios Constitucionales de protección reforzada.