El derecho de petición en el contexto de la reclamación en la contratación pública, 2024

Abstract

La presente investigación analiza el ejercicio del derecho de petición en el contexto de las reclamaciones dentro de los procedimientos de contratación pública en Ecuador, considerando su rol como una garantía constitucional que respalda la participación ciudadana y la transparencia administrativa. Este derecho, aunque reconocido en la Constitución, el Código Orgánico Administrativo (COA) y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), presenta en la práctica dificultades que limitan su efectividad, especialmente en lo relacionado con los tiempos de respuesta, la calidad de las contestaciones emitidas y la falta de mecanismos adecuados para impugnar su incumplimiento. La investigación se enmarca en la línea de derechos fundamentales y fortalecimiento institucional. Se empleó un enfoque cualitativo, utilizando el método dogmático-jurídico y el análisis de contenido como herramientas principales. Además, se realizaron entrevistas a profesionales expertos en derecho administrativo y contratación pública, lo que permitió contrastar el marco legal con la operatividad institucional, identificando vacíos normativos y falencias estructurales. En el plano teórico, el estudio se sostiene sobre los principios de eficacia, igualdad, participación y transparencia, pilares esenciales para una administración pública moderna y accesible. La hipótesis inicial se comprobó al constatar que la falta de respuestas oportunas y adecuadas por parte de las entidades contratantes, especialmente del SERCOP, vulnera los derechos de los proveedores y afecta negativamente el desarrollo de los procesos contractuales. Los resultados obtenidos permiten proponer mejoras tanto normativas como administrativas, orientadas a consolidar mecanismos efectivos de atención y seguimiento a las peticiones ciudadanas. En definitiva, esta tesis aporta al campo de las ciencias jurídicas al evidenciar la necesidad de fortalecer el cumplimiento de los derechos fundamentales en el ámbito administrativo, promoviendo una gestión pública más eficiente, justa y centrada en el respeto al ciudadano.