Medidas cautelares en materia de propiedad intelectual en las Legislaciones de Ecuador, Chile y España, 2026

Abstract

La presente investigación analizó y comparó los marcos normativos de medidas cautelares en materia de propiedad intelectual de Ecuador, Chile y España, con el objetivo de identificar elementos normativos distintivos y mejores prácticas aplicables al fortalecimiento del sistema jurídico ecuatoriano. Se empleó un enfoque cualitativo con diseño de investigación jurídica comparada, basado en análisis documental, método exegético y método comparado aplicados sobre fuentes normativas de los tres ordenamientos jurídicos. Los resultados confirmaron la idea a defender de que existen disparidades estructurales y verificables en los requisitos de concesión, el catálogo de medidas cautelares disponibles, la naturaleza del órgano competente. En cuanto a los requisitos, Ecuador establece un estándar probatorio más exigente en su redacción literal, mientras que España posee un régimen más favorable al solicitante, al no requerir acreditación autónoma del periculu in mora cuando se solicita el cese de la actividad infractora. Ecuador atribuye a la SENADI la facultad de dictar medidas cautelares en sede administrativa priorizando la celeridad, mientras que Chile y España concentran esta función en el poder judicial, garantizando mayor independencia y proporcionalidad. En el entorno digital, Ecuador contempla expresamente medidas para infracciones digitales en el artículo 565 del COESCCI, mientras que España posee el régimen más avanzado en responsabilidad de intermediarios. Se identificaron tres vacíos normativos en el sistema ecuatoriano, la ausencia de un régimen sistemático frente a intermediarios digitales, la brevedad del término para formalizar la demanda y la inexistencia de la figura de caución sustitutoria. Como mejores prácticas aplicables, se recomendó incorporar en el COESCCI un capítulo específico sobre medidas frente a intermediarios digitales, ampliar el término establecido en COESCCI a veinte días y, por último, introducir la caución sustitutoria conforme al modelo de la LEC española, fortaleciendo así el equilibrio entre la tutela efectiva del titular y las garantías del supuesto infractor.