Resumen:
La afectación del desarrollo productivo, consecuencia de la pandemia, originó la vulneración del derecho al trabajo en funcionarios de diferentes entidades públicas, lo que es, materia de estudio del presente ensayo; ya que, impidió que las actividades laborales se desarrollen con normalidad, por la imposibilidad de movilización, sumando a eso la falta de medidas de bioseguridad, que propiciaban el contagio masivo y el miedo de la población santaelenense de contraer el virus, y afectar directamente a personas de grupos vulnerables.
Al no estar catalogado el Covid-19 como una enfermedad, los empleadores decidieron ampararse en lo enunciado en el Código de Trabajo, y la Ley de Apoyo Humanitario, que no hizo otra cosa que dar fuerza a la vulneración del derecho al trabajo por los despidos y ceses injustificados que derivaron en la terminación de la relación laboral unilateral.
Está comprobado que la pandemia del Covid-19 puso a prueba la aplicación y adaptación del ordenamiento jurídico sobre todo en un área sujeta a cambios netamente económicos, como es el campo laboral, donde convergen derechos personales y garantías constitucionales.