Resumen:
La facultad legislativa del Consejo Municipal de Guayaquil para emitir ordenanzas sancionatorias por infracciones de tránsito ha generado un problema al exceder su potestad de sancionar, imponiendo multas que afectan el patrimonio y los derechos de las personas. Estas ordenanzas desconocen las sanciones ya establecidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), generando una antinomia jurídica que vulnera la seguridad jurídica y la reserva de ley. Por tal motivo, el objetivo general de este estudio fue determinar cómo las sanciones a infracciones de tránsito en las ordenanzas municipales del cantón Guayaquil vulneran la
seguridad jurídica de los usuarios viales. Para lograrlo, se utilizó una metodología descriptiva y analítica con enfoque cualitativo, empleando los métodos deductivos, jurídico-doctrinales y descriptivos. Las técnicas e instrumentos de investigación incluyeron revisión y análisis documental, encuestas y entrevistas, la muestra consistió en 50 personas entre profesionales del derecho del sector centro de la ciudad de Guayaquil y agentes civiles de tránsito de la ATM, además, se realizaron entrevistas a tres funcionarios de la ATM. Los resultados obtenidos mediante el análisis documental, las encuestas y las entrevistas revelaron que las sanciones en las ordenanzas municipales contravienen el COIP, generando inseguridad jurídica y afectando
la jerarquía normativa, adicional a ello, se identificaron antinomias jurídicas y violaciones a los principios de legalidad y proporcionalidad. En conclusión, se determinó que es necesario que se interponga una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, con la finalidad que se invaliden aquellas ordenanzas que resulten contrarias a la CRE, garantizando así la seguridad jurídica de los ciudadanos en el ámbito de las sanciones de tránsito.