El retardo injustificado de la justicia y el principio de economía procesal, 2025

Abstract

Esta investigación analiza el retardo injustificado en la administración de justicia y su vulneración directa al principio de economía procesal, consagrado en la Constitución de la república y los cuerpos legales que rigen la sustanciación de procesos en el país. La problemática central no radica en ausencia de normativa, puesto que, el marco legal ecuatoriano es sólido y garantista en el desarrollo de este principio. El conflicto reside entre el mandato legal y la realidad material de los despachos judiciales, que anula la aplicación práctica de la celeridad y la concentración. Por lo tanto, el objetivo fue analizar cómo los factores estructurales y operativos provocan este retardo, afectando la eficiencia de las audiencias. El diseño investigativo fue de carácter no experimental y descriptivo. Se desarrolló bajo un enfoque mixto, combinando herramientas cuantitativas y cualitativas para una comprensión integral. Se aplicaron métodos como el analítico-sintético para descomponer las causas y el exegético para la correcta interpretación del alcance de la norma. Las técnicas de recolección incluyeron el análisis documental de 57 procesos judiciales en materia civil y entrevistas a jueces, permitiendo contrastar la teoría normativa con la práctica judicial. Los resultados cuantitativos evidenciaron que el 26.31% de los procesos analizados presentaron el Retardo Injustificado de la Justicia. La afectación más grave de esta demora es la inversión de la carga procesal, donde el avance depende de la "insistencia" de las partes y no del impulso de oficio del juez. La investigación concluye que el Retardo Injustificado vulnera directamente el Principio de Economía Procesal. Esta vulneración se debe a que la sobrecarga laboral y la deficiente gestión administrativa, factores estructurales, estos anulan la aplicación práctica de herramientas de celeridad. El estudio confirma que el problema no es normativo, sino de aplicación material, comprometiendo la eficiencia y el acceso a una justicia oportuna.