Régimen sancionador del MAE en las contravenciones por daños ambientales periodo 2021 – 2024

Abstract

El presente trabajo investigativo está orientado en estudiar el Régimen Sancionador del MAE en las Contravenciones por Daños Ambientales Periodo 2021 – 2024 enfocándonos en la falta de celeridad administrativa y la falta de caducidad en los procesos ambientales, partimos desde la problemática de la demora administrativa al iniciar un proceso ambiental, los cuales por un vacío legal pueden llevar meses, incluso años sin una sanción correspondiente. La investigación se desarrolla mediante un enfoque descriptivo analítico basándonos en la Constitución del Ecuador y como está reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho, en el Código Orgánico Ambiental, en el Código Orgánico Administrativo, en el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, la normativa vinculada y doctrina especializada. La técnica utilizada es la investigación la cual se sustenta a la revisión documental, el análisis del contenido y las herramientas esenciales para el método cualitativo de la información, la revisión documental que se enfoca en la recopilación de expedientes administrativos sancionadores, con el propósito de determinar cómo se aplica la norma ambiental vigente. Utilizando de instrumentos fichas de análisis documental para resumir la información más importante de cada expediente administrativo del MAE desde el año 2021 al año 2024, lo que permite comparar los diferentes casos analizados. El resultado evidencia la falta de la caducidad y falta de celeridad en la toma de decisiones en las contravenciones ambientales lo que afecta principalmente a los administrados poniendo en riesgos los principios de seguridad jurídica y la eficiencia, esto sin dejar de reconocer la importancia de la protección ambiental y su reparación de daños ocasionados como se reconoce en la Constitución del Ecuador, determinamos que la ausencia de límites en las decisiones administrativas ambientales favorece su prolongación innecesaria lo cual afecta la eficiencia constitucional y la confianza de la ciudadanía en la administración pública.