Igualdad material en los contratos para la provisión de servicios complementarios en el sector público ecuatoriano, año 2025

Abstract

Se analiza la tensión entre el mandato constitucional que prohíbe la tercerización y la práctica extendida de contratación mediante servicios complementarios en el sector público ecuatoriano, partiendo de la premisa de que dichas figuras contractuales vulneran la igualdad material de quienes prestan dichos servicios como limpieza, seguridad, alimentación o mensajería. Con un enfoque jurídico-analítico y un método mixto, que articula examen normativo y jurisprudencial con entrevistas semiestructuradas a especialistas en contratación pública y derecho laboral, se contrastan la literalidad de las normas y la doctrina con la experiencia administrativa en instituciones públicas de la provincia de Santa Elena; los hallazgos ponen de manifiesto una brecha persistente entre igualdad formal y sustantiva: trabajadores que desempeñan funciones equivalentes al personal de planta enfrentan inestabilidad, condiciones contractuales precarias, desigualdades retributivas y acceso limitado a la seguridad social. Asimismo, se detectan vacíos normativos, insuficiencia de mecanismos de fiscalización y prácticas de simulación contractual que diluyen la responsabilidad de la entidad contratante, junto con procesos de adjudicación que favorecen la concentración de proveedores. Frente a este diagnóstico, la tesis propone un conjunto de medidas normativas y administrativas orientadas a materializar el principio constitucional de igualdad: armonización normativa entre la Constitución y la regulación de contrataciones, inclusión de cláusulas sociales obligatorias en pliegos, criterios de adjudicación que prioricen la dignidad laboral, fortalecimiento de la fiscalización y reconocimiento de la responsabilidad efectiva de la entidad cuando exista subordinación de hecho, además de políticas afirmativas y auditorías sociales para la economía popular; en suma, concluye que la igualdad material exige no sólo reformas legales sino voluntad administrativa y herramientas concretas que transformen la contratación pública en un instrumento real de justicia social.